Así es la represión en Venezuela

Después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, cuya victoria se atribuyó Nicolás Maduro sin permitir una verificación independiente, la disidencia al chavismo sufre un incremento de la represión, que ahora se cuela incluso en el ámbito privado. Es la realidad que se esconde detrás de las declaraciones políticas y la crisis diplomática con España que ha avivado el régimen de Maduro en los últimos días.

Nicolás Maduro se ha referido a la oposición como “una contrarrevolución violenta, fascista y criminal” a la que combatir. Una represión en la que se ha ahondado desde los últimos comicios, tanto por la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y la cantidad de víctimas que hay, como por el recrudecimiento en las tácticas, pero que no es nueva. Amnistía Internacional coloca los diez últimos años dentro del periodo más represivo del régimen chavista.

La organización ha documentado “mecanismos de represión repetidos de años anteriores, como son las detenciones arbitrarias por motivos políticos y la falta de garantías del debido proceso”, pero también nuevas tácticas como el uso de la tecnología”, explica Clara del Campo, encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional.

Un ejemplo es la aplicación VenAPP, usada por el Gobierno para instar a la población a delatar a manifestantes antigubernamentales en Venezuela. No es la primera vez que Amnistía Internacional documenta el uso de tecnologías como canales de comunicación o redes sociales para estigmatizar, señalar u hostigar a defensores de derechos humanos, pero nunca antes se había empleado para estos fines una aplicación específica vinculada al aparato estatal que estaba en principio prevista para la provisión de algunos servicios públicos.

Consecuencia directa de que sean los propios ciudadanos quienes delaten a los opositores es que la represión entra en la esfera privada. Eso explica que otro de los patrones que han visto repetidos y que no se veía desde 2017, son las redadas ilegales de cuerpos de seguridad no uniformados y sin identificar que emplean la violencia en viviendas particulares. Del campo señala además la detención de personas menores de edad en números que no habían visto antes.

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Los ‘colectivos’ emplean fuerza letal

Desde el mismo día posterior a las elecciones, hubo un enorme despliegue de cuerpos de seguridad no uniformados y de los llamados ‘grupos colectivos’. Personas imposibles de identificar ejerciendo “fuerza letal”, según del Campo, para reprimir y detener a las personas en las protestas.

A la represión física se suman medidas legislativas como la prohibición de oenegés o el silencio de voces críticas de activistas y de la sociedad civil.

Se cuentan por miles los detenidos en esta última ola represiva. “Desde el momento de la detención es muy común que pase un periodo de desaparición forzada donde se niega a tus familiares o a tus abogados tu ubicación, y que es de ti. Lo siguiente es que te niegan tu derecho a la defensa. Luego te suelen acusar de delitos discrecionales, amplios y con penas muy graves, como terrorismo o traición a la patria”, relata la portavoz de Amnistía. Muchos de estos detenidos son trasladados a prisiones de alta seguridad con “condiciones inhumanas”, denuncia.

En este contexto decidió el líder opositor Edmundo González abandonar el país. Enfrenta “un riesgo real a la vida, la integridad y la libertad”, asegura del Campo, recordando el caso particularmente dramático de Rafael Acosta Arévalo, quien en 2021 falleció frente al juez que le leía su causa por las torturas que había sufrido.

Lo que espera Amnistía de las delegaciones internacionales en Venezuela es que “ofrezcan todas sus capacidades para proteger a las personas que busquen protección frente a sus Estados”. Del Campo recuerda que una de cada cuatro personas de Venezuela ha tenido que huir del país en los últimos años, casi ocho millones de personas.

El trabajo de la organización ahora se centra en la lucha por la verdad, la justicia y garantías de no repetición. Y apuestan por que se creen y se fortalezcan canales internacionales de rendición de cuentas de justicia.