El Gobierno canario niega abandono de los migrantes que llegan a las islas y asegura que acatarán las instrucciones de Fiscalía
El Ejecutivo responde así a la advertencia de la Fiscalía canaria sobre la posibilidad de dejar desamparados a los menores migrantes
Salvamento Marítimo escoltando hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco en el que viajaban 81 migrantes, entre ellos tres niños y tres mujeres, a principios de septiembre. / Gelmert Finol (EFE)
Santa Cruz de Tenerife
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha negado este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o estarán en situación de abandono, y ha garantizado que el Ejecutivo regional acatará las instrucciones de la Fiscalía.
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Todo ello a propósito del decreto que dio a conocer este viernes la Fiscalía Superior de Canarias y en el que advierte de que identificará a aquellas "personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias" que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autónoma e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.
En declaraciones a los medios antes de presidir una reunión de la junta directiva autonómica del PP, acompañado de la vicesecretaria nacional de Organización del partido, Carmen Fúnez, Domínguez ha enfatizado que lo que pretende el Ejecutivo canario con el nuevo protocolo es "que se cumpla la ley".
Esto es, "que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora" y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y "de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor".
"Estamos padeciendo una urgencia"
Sobre esto último, el vicepresidente canario ha apuntado que "la Fiscalía podrá decirnos dónde tenemos que llevar a esos menores no acompañados y nosotros estamos a la entera disposición de seguir cuidando a estos niños, no sé si como se merecen, pero lo que no haremos nunca es abandonarlos". "¿Adónde los enviamos? ¿A centros que están saturados? Si la Fiscalía nos dice que tenemos que enviarlos ahí, nunca vamos a dudar en hacerlo. Porque más centros de acogida no tenemos", ha reflexionado Manuel Domínguez.
"¿Están mejor cuidados donde están en la actualidad o en los centros a los que se desvían? Ahí es donde tendremos que ponernos de acuerdo para, entonces, prestar el servicio, la tutela, el cuidado, el mimo, que necesitan esos niños y niñas que vienen a nuestra tierra", ha añadido. Sobre la posible visita del papa Francisco a Canarias, Domínguez ha recordado que la visita que hizo al Vaticano meses atrás junto con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) fue precisamente con este objetivo.
La idea, ha abundado Domínguez, es conseguir una "imagen" con la que "hacer ver al mundo cuál es la situación precaria que estamos viviendo" en el archipiélago; "a Europa el auxilio que necesitamos" y al Gobierno de España "la urgencia y la emergencia que estamos padeciendo". Si finalmente el papa visita Canarias "le recibiremos con los brazos abiertos, sería una magnífica noticia" y permitiría "llevar a cabo una acción que hizo de manera distinta, pero efectiva, Italia con Lampedusa", ha aseverado.
La decisión del Gobierno central
En este contexto, el Gobierno central ya había adelantado este sábado que estudia llevar ante el Tribunal Constitucional el protocolo que ha puesto en marcha el Gobierno canario para los menores migrantes porque considera que podría infringir la ley. El nuevo protocolo canario endurece la postura inicial, que consiste en que la comunidad tiene que hacerse cargo de estos menores, y entiende que la custodia quedaría bajo responsabilidad del Estado en tanto en cuanto son las autoridades vinculadas a la Administración Central las que proceden al rescate inicial.
El denominado "protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados" se basa en el principio de que "todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen", dice el documento en sus fundamentos. Por este motivo, añade que el acto de entrega a los servicios de acogida y protección de menores, "que conlleva una concreta ubicación territorial" como es Canarias, "no es inmune al interés superior del menor".
Por este motivo, entiende el Gobierno que el modelo de recepción debe también atender a la "consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor y participar, según su edad, en el proceso de determinación de su interés y preservación de su identidad". Los responsables políticos de esta área han insistido en que no tiene sentido forzar la ubicación en Canarias si en otra comunidad autónoma dispone de familiares o personas allegadas.
El Ministerio de Juventud acude a la Fiscalía de Menores
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido a la Fiscalía de Menores un informe sobre este protocolo, al considerar que puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia. Dicho protocolo, publicado este jueves por el Ejecutivo canario en su boletín oficial, señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
Fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego han explicado este sábado que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es exclusiva de la comunidad, independientemente de la situación en la que se encuentren. El informe remitido a la Fiscalía de Menores señala que el protocolo vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española que establece que "los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".
