El Gobierno reformará los delitos de ofensas religiosas e injurias a las instituciones del Estado y hará obligatorios los debates electorales entre candidatos
El plan de Acción por la Democracia incluye 31 medidas a desarrollar en los próximos tres años, según ha explicado el ministro Bolaños. El Ejecutivo se compromete a hacer una reforma mínima de la conocida como Ley Mordaza y recupera la reforma de la Ley de Secretos Oficiales
Madrid
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al paquete de reformas para la regeneración democrática que el presidente Pedro Sánchez anunció en el mes de mayo, tras los cinco días de reflexión que decidió tomarse a raíz de la imputación de su mujer, Begoña Gómez. El plan de Acción por la Democracia es un compendio de 31 medidas, dividas en tres ejes y que están destinadas a mejorar la transparencia de las instituciones, la pluralidad informativa y el sistema electoral. El ejecutivo marca las líneas generales que tendrán que concretarse en un plazo de tiempo de tres años, desde 2024 a 2027.
Reforma del Código Penal
En el documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y que han negociado PSOE y Sumar durante las últimas semanas, se propone llevar a cabo una reforma integral del Código Penal para homologar los delitos que afectan a la libertad de expresión. El documento no detalla cómo quedarán esos cambios, pero sí deja clara la intención de revisar los artículos que puedan perjudicar "al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos".
Más información
El acuerdo marca que la intención es darles una "redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal". Algunas fuentes de la negociación explican que esta medida implica también la derogación de los delitos contra la Corona.
Reforma mínima de la Ley Mordaza
El plan también incluye una reforma, aunque mínima, de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como `ley mordaza’, para acabar con las sanciones por el uso y difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este apartado, que busca blindar la independencia de lo semdios de comunicación, también se incluye el compromiso de impulsar una ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes.
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Debates electorales obligatorios
Además, el Gobierno se compromete a reformar la ley electoral para obligar a la celebración de debates entre candidatos, así como la reforma del reglamento del Congreso para hacer también obligatorios una vez al año los Debates sobre el Estado de la Nación.
Sanciones a los diputados que oculten sus declaraciones de interés
El plan pretende también reforzar las obligaciones de los partidos y cargos públicos con la transparencia. El Gobierno insta al Congreso y al Senado a crear un regimen sancionador para los miembros electos de las Cámaras que se nieguen a presentar sus declaraciones de bienes o que lo hagan con datos falsos e incompletos. Se busca aumentar también las multas a las formaciones políticas que no presenten sus cuentas incumpliendo la Ley de financiación de partidos políticos.
Derecho al honor y la rectificación
El plan busca una mayor calidad del debate público y, para eso, se reforzará la rendición de cuentas de los medios de comunicación, de manera que se impulsarán textos legales del ordenamiento jurídico español específicamente dirigidos a la protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y a la promoción de la rectificación de noticias inexactas y perjudiciales con contenidos racistas, xenófobos o que promueven la discriminación hacia determinados colectivos, ya que datan de hace más de cuatro décadas.
Todas las medidas
Ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental
- Aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.
- Celebración en la ciudad de Vitoria Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, en la que participarán más expertos en la materia y líderes gubernamentales de todo el mundo.
- Terminar la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el V plan en un proceso de creación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil.
- Adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.
- Aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla una estrategia para combatir la corrupción contemplada en la Ley 2/2023.
- Aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023.
- Aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.
- Reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo
- Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
- Establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
- Reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.
- Reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.
- Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.
- Transposición Directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.
- Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Refuerzo de la auto-regulación de los Medios y las Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo.
- Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
- Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.
- Aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
- Reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
- Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.
- Puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.
- Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
- Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
Reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral
- Reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.
- Reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas.
- Reforma de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.
- Reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta.
- Aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.
- Reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.
