Un juzgado de Zaragoza investiga al alcalde de Fuendetodos por desviar 400.000 euros a un abogado externo

Madrid

El juzgado de instrucción número 2 de Zaragoza ha abierto una investigación al alcalde de la localidad zaragozana de Fuendetodos, Enrique Salueña, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. La querella la ha presentado la concejal socialista del municipio, Rosa Calvo. Salueña es uno de los pocos alcaldes de Ciudadanos que consiguió gobernar, después de las últimas elecciones.

La querella de la edil del PSOE señala que el alcalde recurre a un abogado externo para cualquier necesidad legal y se pregunta "si las actuaciones administrativas irregulares y caprichosas de Enrique Salueña están influenciadas por quien siempre resulta elegido para la defensa jurídica del Ayuntamiento practicando de esta forma una rueda perversa de saqueo de las arcas municipales", vinculando así las resoluciones municipales polémicas que ha venido dictando el consistorio con la necesidad de contratar servicios jurídicos.

Los abonos a este letrado suman 400.000 euros desde el año 2022 hasta julio de 2024. Una cantidad "sin soporte documental alguno, ni procedimiento administrativo que supone una cantidad mayor que la que perciben todos los trabajadores del Ayuntamiento". Una cuantía, añade, "desproporcionada" para una localidad de 150 habitantes en comparación con el presupuesto que maneja que es de poco más de 1,2 millones de euros anuales. Solo en los siete primeros meses de este año, ya se ha pagado a este letrado 200.000 euros. La jueza María José Alegre abre la investigación y reclama al consistorio las facturas abonadas al abogado y los expedientes administrativos que justifican su contratación.

Tal y como adelantó la Cadena SER el pasado mes de junio, el Gobierno de Aragón advirtió al alcalde, Enrique Salueña, de que podría estar incumpliendo la ley al paralizar proyectos de energía limpia a su paso por el municipio que han desembocado en acciones legales por parte de las empresas afectadas. Hay otros expedientes municipales también en proceso de litigio y no son una excepción. El ejecutivo autonómico acordó la pasada legislatura suspender una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana del municipio en materia de transporte de energía.