Taiwán y Bulgaria niegan que los dispositivos que han explotado en Líbano se fabricaran en sus territorios

Uno de los grandes misterios de las dos oleadas de explosiones de aparatos electrónicos de esta semana en Líbano es cuál es su procedencia. Sin que Israel haya asumido su autoría, que la mayoría de países árabes vecinos dan por hecha, tampoco se conoce exactamente dónde se fabricaron, manipularon y distribuyeron los buscas, walkie-talkies u ordenadores que explotaron de forma simultánea el martes y el miércoles dejando 37 muertos y más de 3.000 heridos, tanto militantes de la milicia chií de Hizbulá como civiles.

En estos días se ha apuntado sobre todo a dos países que han reconocido que investigaban a empresas nacionales por ser las posibles fabricantes de los dispositivos: Taiwán y Bulgaria. Y ambos han negado en la mañana de este viernes que los aparatos procedieran de sus territorios, si bien en esas afirmaciones hay letra pequeña.

En el caso de Taiwán, el ministro de Economía ha dicho en el parlamento de la isla que "con total certeza los buscas no han sido fabricados aquí", lo que sustenta en que los componentes de esos buscas que sí se fabrican en Taiwán, como los circuitos integrados, no pueden generar explosiones. Ahora bien, al mismo tiempo que el gobierno taiwanés realizaba esta afirmación, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo registros en una empresa, BAC Consulting (que opera bajo el nombre de Gold Apollo en Taiwán), en la que se han incautado de libros de cuentas, contratos o registros de exportaciones.

BAC Consulting tiene su sede en Hungría, país que por su parte argumenta que esta empresa no tiene más capacidad que la de ejercer de intermediaria comercial, y las sospechas se trasladaron horas después a Bulgaria. El gobierno de este país reconoció este jueves que estaba investigando a una empresa con sede en el país por las sospechas también de que pudiera estar relacionada con la fabricación de estos aparatos.

Este viernes, sin embargo, los servicios de inteligencia búlgaros han negado esa relación. También en este caso hay que leer entre líneas, ya que las autoridades búlgaras se apartan de toda responsabilidad, pero no acaban de hacer lo mismo con la empresa. Los argumentos del gobierno de Sofía se basan en que ninguna empresa búlgara ha realizado transacciones como las investigadas bajo la jurisdicción estatal y que no consta que haya compraventas con empresas o personas sancionadas por la ONU o la Unión Europea. "Norta Global no llevó a cabo operaciones financieras que caigan dentro del ámbito de la Ley de Medidas contra la Financiación del Terrorismo", dice la nota publicada hoy por la Agencia de Seguridad de Bulgaria.