Amnistía Internacional pide a la ONU medidas "contundentes" ante la "grave" crisis de Derechos Humanos" en Venezuela

Madrid

Amnistía Internacional ha instado este viernes a Naciones Unidas a que tome medidas "contundentes" ante la "grave" crisis de Derechos Humanos en Venezuela, días después de que la misión de la ONU que examina la situación en el país haya acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de urdir "un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir" a la oposición tras las elecciones presidenciales de julio.

"Mientras el pueblo de Venezuela continúa su lucha incansable por el pleno respeto de sus derechos y libertades, incluidos los derechos a la verdad y la justicia, los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben demostrar su compromiso con los Derechos Humanos en el país", ha declarado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.

En este sentido, la ONG ha pedido a estos países que renueven los mandatos "fundamentales" de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela así como el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lo que garantizaría la evaluación, "la protección e investigaciones rigurosas durante los próximos dos años". "Al apoyar estos esfuerzos y aprobar la resolución, el Consejo enviaría un mensaje claro a las y los perpetradores, recordándoles que el mundo está dispuesto a mantener su compromiso de hacerlos rendir cuentas por sus actos", ha explicado Piquer.

Amnistía Internacional ha pedido a la ONU que tome medidas "contundentes" y "efectivas" ante la "brutalidad" y la "política despiadada y sistemática de represión" ejercidas por las autoridades venezolanas, al tiempo que ha destacado la "resistencia (...) y la inspiradora labor" de las personas defensoras de Derechos Humanos en todo el país.

Maduro entrega a la ONU "pruebas" sobre una "conspiración" de EEUU

Maduro, por su parte, ha indicado que entregó este viernes al coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla, "pruebas" de una supuesta conspiración que, según informó el canal estatal VTV, se está gestando en Estados Unidos contra el Gobierno chavista. El jefe de Estado sostuvo una reunión con Rampolla, también coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, "con el propósito de presentarle pruebas sobre la conspiración que se está promoviendo desde "Washington contra Caracas, de acuerdo con el reporte de VTV que fue difundido en Telegram.

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Antes de encontrarse con Rampolla, Maduro -en otro acto televisado- explicó que se había comprometido con Guterres a sostener esta reunión "para aportarle mucho más datos detallados de la conspiración que se está promoviendo desde territorio estadounidense". Se trata de un plan "para traer violencia y ataques terroristas contra Venezuela", añadió.

El líder chavista denuncia que su Gobierno enfrenta "agresiones externas" tras las elecciones del 28 de julio, en las que fue proclamado ganador, un resultado que ha sido cuestionado dentro y fuera del país, especialmente luego de la denuncia de fraude que ha hecho la oposición mayoritaria. Se trata de la "contratación de mercenarios para invadir el país e intentos de magnicidios" y de una campaña en "redes sociales, en las cuales promueven, incluso, la recolección de fondos para la realización de atentados contra la institucionalidad", según alertó Maduro -explicó el Ejecutivo en una nota de prensa- en su conversación telefónica con Guterres.

El mandatario se refirió así a una campaña impulsada por el empresario militar estadounidense Erik Prince, en la que -a través de redes sociales- llama a reunir 10 millones de dólares para "restaurar la democracia" en la nación suramericana, una iniciativa que ha recibido más de un millón de dólares en los últimos cinco días, según indica la página web de este movimiento.

"Clima de terror"

Estas declaraciones se producen después de que este martes la Misión acusara al Gobierno venezolano de sumir al país en un "clima de terror" a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, afirmando que las pruebas acreditan un nivel de persecución equivalente a crímenes de lesa humanidad.

Venezuela está inmersa "en una de las crisis de Derechos Humanos más graves de la historia reciente", en la medida en que los abusos que están ya documentados "no son actos aislados o aleatorios" sino que forman parte de "un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir" a la oposición, asegura la Misión en su informe. En el periodo previo a las elecciones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el Gobierno y solo en julio de este año más de 120 personas quedaron bajo custodia en el contexto de la campaña electoral de la oposición.

Tras los comicios, las autoridades efectuaron más de 2.000 detenciones en pocas semanas, lo que derivó a su vez en violaciones del debido proceso y en la confirmación de que todo el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la cabeza, "está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social".