La falta de acuerdo en el Congreso deja más de treinta leyes en el limbo

Madrid

Esta semana en el Congreso de lo Diputados, se ha podido ver una imagen inusual, la de todos los grupos parlamentarios poniéndose de acuerdo para sacar adelante la ley para las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Sin embargo, lo que ahora se celebra, hace unas semanas parecía imposible. El primer proyecto para conseguir una Ley ELA — que mejore la calidad de vida de las personas con esta enfermedad degenerativa — se presentó en las Cortes en 2021, pero los partidos políticos no consiguieron ponerse de acuerdo hasta tres años después. La falta de acuerdo durante tantos años se ha traducido, según las asociaciones, en 2.500 personas muertas esperando a que las ayudas se desatascaran. En ese cajón en el que se encontraba esta ley, hay otros 34 proyectos que están paralizados.

Un ejemplo es la Ley de Familias que, entre otras cosas, incluye ayudas de cien euros para las que tienen hijos de cero a tres años, ayudas especiales para las familias monoparentales o con hijos con discapacidad. También aborda las barreras de la conciliación laboral. Se presentó en Consejo de Ministros en marzo de 2023, y volvió a presentarse en febrero de 2024 tras caer con la convocatoria de elecciones del 23 de julio. Desde entonces, su trámite parlamentario está atascado en el congreso y el plazo para presentar enmiendas se ha retrasado hasta veinte veces.

La última ha sido este martes junto a la iniciativa legislativa popular que regularizaría a medio millón de migrantes en nuestro país. En total, ha sido atrasada diez veces. Un hecho llamativo teniendo en cuenta que fue un acuerdo histórico en el Congreso de los Diputados: todos los grupos menos Vox votaron a favor de legalizar a los cerca de 500.000 extranjeros que trabajan en España sin papeles. Ahora lleva cinco meses en el limbo porque cada martes se retrasa una semana más el plazo para presentar enmiendas.

Retrasada hasta 22 veces

También están en situación de parálisis legislativa la Ley de desperdicio alimentario o la Ley de movilidad sostenible, dos propuestas que se remontan a la legislatura pasada. En el caso de la primera está enfocada, entre otras cosas, a que el productor o distribuidor done el excedente de alimentos. El Gobierno rescató esta medida en enero, que ya había sido aprobada la pasada legislatura, pero se quedó a las puertas de terminar su trámite. Nueve meses después, y por segunda vez, continua paralizada en la Cámara Baja.

En el caso de la segunda, la de movilidad sostenible, rompe todos los récords de espera de los proyectos de ley porque ya ha sido atrasada 22 veces. La norma establece medidas como los coches compartidos, el transporte a demanda o el uso temporal de los vehículos. Fue aprobada por primera vez en diciembre de 2022, y dos años más tarde, sigue esperando su entrada en vigor.

Y el último ejemplo es uno de los más relevantes porque es el foco de la discusión política actual: la senda de déficit. Está atascada por falta de acuerdo, a pesar de que es necesaria para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Tumbada ya una vez y camino de la segunda que se vota la semana que viene. Se trata de la propuesta del Ejecutivo para reducir el déficit público. Tanto PP como Junts ya votaron en contra y, previsiblemente, lo harán de nuevo en unos días. Lo irónico es que, precisamente, son Madrid y Cataluña las comunidades que más tienen que perder si no sale adelante porque, en caso de salir adelante, tendrían hasta dos décimas más de margen de gasto.