El Consejo de Estado allana el camino para que el Gobierno tumbe el protocolo de Canarias para menores migrantes

Madrid

El Consejo de Estado ha dado el visto bueno a la decisión del Ejecutivo de llevar el protocolo para los menores migrantes del Gobierno de Canarias al Tribunal Constitucional, pero le dice que se queda corto y que no debe plantear un conflicto de competencias. El supremo órgano consultivo le insta a impugnar la norma porque afecta a los derechos fundamentales de los menores migrantes.

Esta vía conlleva automáticamente la suspensión de la entrada en vigor del protocolo por un plazo de hasta cinco meses. Dicen los consejeros que "la violación del orden constitucional en que incurren tales actuaciones no se limita al ámbito puramente competencial y encierra también una vulneración de los derechos constitucionales que cabe atribuir a los menores en situación de abandono".

El dictamen subraya que con la ley, convenios y tratados suscritos por España en la mano "las entidades públicas de protección de menores de la comunidad autónoma del lugar de localización están obligadas a atender y acoger a los menores extranjeros no acompañados desde el mismo momento de su localización y entrega por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Además, echa por tierra el argumento del Gobierno de Clavijo y dice que "las dificultades que pudiera existir en la identificación y determinación de edad de estos inmigrantes, como de hecho existen, y la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos, no son circunstancias que permitan justificar un eventual rechazo a la recepción de los menores ni demorar la atención inmediata que puedan requerir" porque "constituye un derecho necesario para garantizar la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral, cuando no la vida, de los menores de edad abandonados o privados de su medio familiar".

El dictamen califica de "comprensibles" las razones del Gobierno canario para aprobar este protocolo, pero asegura que no tiene base legal exigir una resolución judicial o administrativa individualizada de cada menor no acompañado antes de acogerlo porque "la suspensión de la recepción de dichos menores constituye un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia inmediata a los menores extranjeros no acompañados".

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Sobre la falta de plazas para los migrantes que llegan a Canarias, los consejeros invitan al ejecutivo autonómico a crearlas y el dictamen termina con una consideración final: "La procedencia de recurrir la actuación cuestionada ante el Tribunal Constitucional no obsta para solucionar que la situación de la crisis migratoria que afecta a Canarias es una cuestión que exige, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, la cooperación de todos los poderes públicos y, en particular, del Estado y las comunidades autónomas a través de los mecanismos oportunos".

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La Fiscalía recurrió este protocolo ante el Tribunal de Justicia de Canarias que admitió la cautelarísima del Ministerio Público, paralizó su entrada en vigor y abrió un plazo para que el Gobierno de Clavijo presente alegaciones para decidir si la paraliza hasta que resuelva el fondo de la demanda del fiscal.

Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias

La primera valoración del gobierno de Canarias al dictamen del Consejo de Estado que ha avanzado la SER es de Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias y presidente del PP insular. En declaraciones a la SER en Las Palmas asegura que es una muestra más de una novela que ha empezado a leerse por el final. Cada vez que se solicita un informe o se remite a la Justicia algo por parte del Gobierno central sabemos cuál es el final, porque ya lo decía el presidente del Gobierno... de quién dependen los distintos órganos. El Gobierno está jugando una estrategia clara con la inmigración, con el enfrentamiento entre las comunidades autónomas, la ciudadanía, los partidos políticos... y ese es su único objetivo, salvar la relación directa con Cataluña cueste lo que les cueste".