Alvise confiesa en un vídeo que cobró 100.000 euros en efectivo y sin factura para "tener más ahorros" y no "enriquecerse con la política"

El líder del partido ultra 'Se Acabó la Fiesta', Alvise Pérez, ha admitido en su canal de Telegram que aceptó 100.000 euros sin factura de un empresario, delito por el que le investiga la Fiscalía, que relaciona ese dinero con financiación para la campaña de su partido para las elecciones europeas.

Horas más tarde, ha publicado un vídeo también en Telegram donde reconoce los delitos: "No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saca más de la mitad. Culpable de ejercer legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado", comienza declarando el ultraderechista.

En este sentido, añade: "Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que le queda a los trabajadores españoles".

Además, justifica su presunta ilegalidad de la siguiente forma: "Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito privados, sin factura para poder tener más ahorros, con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente, porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío. Y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe".

"Hoy soy el acusado y me libraré como siempre, porque detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria hacienda. Pero bueno, no soy yo quien está realmente en juicio. Lo que está en juicio es el sistema mismo", declara Alvise.

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En este sentido, trata de identificarse con sus votantes de una llamativa forma: "¿Quién de ustedes no ha hecho concesiones? Pequeños sacrificios de moral para llegar donde está. He cobrado por mi trabajo sin factura. Si es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno. Pero la justicia en España es una ilusión".

Por último, anima a todos sus seguidores a no pagar ningún impuesto: "A mí, y lo voy a decir a las claras, me importa tres cojones que la gente me vote, me deje de votar, pero no voy a pasar por la política amordazado solo porque el sistema te quiera rico y obediente. Me niego. Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis. Nos vemos el domingo para el sorteo de mi sueldo. Que se acabe la fiesta".

Las claves de su recorrido judicial

Jose María Mollinedo, secretario general de Gestha, sindicato de técnicos de Hacienda, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' para dar las claves del recorrido judicial del caso: "La cuestión está en ver cómo se define la cantidad que ha recibido de esta empresa para saber si estamos ante una actuación de una persona que ha recibido esa donación y, por tanto, tendría que ver cómo una entidad jurídica puede justificar que dona una cantidad a una persona individual. No es fácil que las entidades puedan hacer donaciones a personas. Y si se trata de financiar una campaña electoral o a un partido, pues estaríamos entrando en irregularidades que pueden afectar en un caso a la ley orgánica de régimen electoral general o a la ley orgánica de financiación de partidos, según hacia donde se dirija la finalidad de esa donación. Ambas opciones tienen consecuencias diferentes".

Sobre si todo el caso se resuelve con una declaración complementaria, como afirma Alvise, ha indicado: "No se resuelve con una complementaria si de lo que estamos hablando es de una financiación a una campaña o a un partido, porque los partidos no pueden recibir donaciones de entidades jurídicas y eso se considera una infracción muy grave, sancionada por el Tribunal de Cuentas. Si esto se judicializara, esas cantidades percibidas carecerían de la condición de renta exenta y deberían tributar al 25% en el impuesto de sociedades de la formación política. Estas cantidades no superarían el umbral del presunto delito contra la hacienda pública, y eso sí se regularizaría mediante una declaración complementaria del partido. Pero eso no impide que pueda ser sancionado entre el doble y el quíntuple de la donación recibida".

Además, Alvise asegura que "Hacienda es una mafia y un inspector cobra más que un magistrado del Supremo", a lo que Mollinedo ha respondido: "No cobran todos los funcionarios como los magistrados del tribunal Supremo. Es posible que algunos funcionarios de las élites directivas sí puedan tener retribuciones similares. En cualquier caso, las retribuciones están determinadas por las leyes de presupuestos y son públicas. Es mucho decir que la agencia tributaria es una mafia. Es una institución del Estado que tiene un prestigio gracias a su labor desde que se creó en 1992 y está sometida a los principios de legalidad e imparcialidad".