Las aseguradoras privadas amenazan al Gobierno con dejar de prestar asistencia sanitaria a más de un millón y medio de funcionarios
Continúa la negociación para actualizar el acuerdo con Muface, pero las aseguradoras consideran insuficientes las condiciones económicas
Madrid
Las tres aseguradoras que colaboran con Muface continúan negociando con el Gobierno la renovación del contrato para prestar asistencia sanitaria a más de un millón y medio de funcionarios. Sin embargo, se quejan de que el dinero que ofrece el Ejecutivo es escaso y amenazan con no renovar el acuerdo si el Gobierno no accede a elevar de forma "significativa" la dotación prevista para 2025 y 2026, que se está negociando estas semanas.
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La última reunión entre las aseguradoras DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas (del Grupo Mutua) y el Gobierno, que tuvo lugar la semana pasada, concluyó sin acuerdo. La próxima reunión está prevista para el 8 de octubre, señalan fuentes de la negociación que recuerdan lo apurado de los plazos para una renovación que debe pasar por Consejo de Ministros para estar vigente al arranque de 2025. El concierto se renueva cada dos años y el acuerdo actual caduca el 31 de diciembre.
Se espera que ambas partes intenten buscar una solución que permita mantener "a largo plazo" este modelo asistencia y aseguran que Asisa estaría dispuesta a seguir prestando este servicio, aunque, evidentemente, no podría hacerlo sola, en el caso de que las otras dos abandonen. Según fuentes del mercado, Muface podría estar barajando elevar esta prestación un 25% para los dos próximos años, un 24% en 2025 y un 1% en 2026, muy por debajo del 40% que piden las aseguradoras.
Desde el Ministerio de Función Pública han evitado hacer comentarios sobre el tema y este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha limitado a señalar que se "está trabajando en la renovación". Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado un mensaje, indicando que "el modelo está agotado" y que el sistema tiene muchas "desventajas".
Los sindicatos exigen una financiación mayor
La actual dotación económica del concierto complica, además, la atención a un segmento de la población cada vez más envejecido, ya que desde 2011, la edad media de estos mutualistas ha aumentado en siete años, hasta situarse por encima de los 46 años. De hecho, el 40% del colectivo cubierto por SegurCaixa Adeslas tiene más de 55 años. Esta tendencia influye en una mayor frecuencia del uso de los servicios asistenciales y una siniestralidad que se sitúa por encima del 100%, explica la compañía.
El aumento de los costes sanitarios también se ha visto impulsado por el crecimiento del IPC y por la inclusión en los últimos conciertos de coberturas más amplias y tratamientos de última generación y precio elevado. Desde los sindicatos ya han trasladado al Gobierno su preocupación y han avanzado movilizaciones.
CSIF ha exigido este "una financiación adecuada para el nuevo concierto que garantice la calidad sanitaria". "Los funcionarios tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública a través de Muface, un modelo eficaz y rentable, como se ha comprobado durante años, y que no ha parado de sufrir recortes", ha lamentado el presidente de CSIF, Miguel Borra. "No vamos a dejar que Muface muera por inanición", añade Borra que ha reclamado una reunión urgente al Gobierno.
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