La Audiencia Nacional investigará a la empresa que donó dinero en negro a Alvise Pérez: hay cerca de 27.000 afectados

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. La investigación incluye a Álvaro Romillo que ha confesado que financió con 100.000 euros en negro la campaña de Alvise Pérez en las elecciones europeas. Calama desestima, de momento, la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo para que se le pueda investigar, dado que es aforado, porque según doctrina del Alto Tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad.

La Fiscalía investigará a Alvise Pérez por financiación ilegal al cobrar supuestamente 100.000 euros en la campaña de las europeas

Calama admite y acumula, con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas contra Álvaro Romillo como responsable del Grupo Madeira Invest Club y contra la persona jurídica Madeira Invest Club, entre otros responsable y entidades. En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.

En este sentido señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. El auto apunta a que el número de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación.