No mires arriba

A principios del pasado mes de julio, el Tribunal Federal suizo -máxima autoridad judicial del país- emitió un fallo desestimando los recursos interpuestos contra la decisión del Consejo Municipal de Vernier de prohibir la publicidad comercial en el espacio público de esa pequeña ciudad, que forma parte del área metropolitana de Ginebra.

Contra la apariencia de que se trata de un asunto menor y algo lejano, es posible que la jurisprudencia sentada por esta sentencia dé un nuevo impulso a un debate que se viene produciendo desde hace al menos dos décadas en ciudades de todo el mundo.

Nuestras calles y plazas están inundadas de anuncios. El carrusel de ofertas comerciales en todas las direcciones de nuestro campo visual se ha convertido en algo que hemos llegado a considerar consustancial al propio paisaje urbano. No como un precio a pagar o una molestia inevitable, sino incluso como un arte decorativa capaz de configurar algunos de los entornos urbanos más atractivos del mundo: ya no somos capaces de imaginar Times Square, Piccadilly Circus o Callao sin sus paneles publicitarios.

Sin embargo, aunque sea opinable si en determinados lugares la presencia de la publicidad resulta más o menos atractiva, lo cierto es que el abrumador despliegue de publicidad exterior en nuestras calles se ha convertido objetivamente en un problema con muchas vertientes. Una de ellas es la saturación visual que impide disfrutar de cualquier paisaje urbano en las condiciones de armonía y relajación que serían deseables, algo especialmente necesario en los cascos históricos.

También es discutible la conveniencia de que estemos sometidos permanentemente a una ensordecedora incitación al consumo. Y un argumento más relevante en estos tiempos es el gran consumo de energía que implica la transformación digital de los soportes de publicidad exterior.

La sentencia del Tribunal Federal suizo es importante en el sentido de que da carta de naturaleza al interés público de la decisión de prohibir la publicidad por ser una actuación que sirve para proteger la calidad del paisaje urbano, facilitar la movilidad de las personas en el espacio público, combatir la contaminación visual y permitir que los 2 ciudadanos no estén expuestos a una publicidad no deseada. Además, deja claro que prohibir o restringir la publicidad exterior no va contra la libertad de empresa ni de la competencia y no afecta a ningún derecho fundamental.

No es un debate nuevo en las políticas urbanas. São Paulo fue pionera en 2006 en lanzar la batalla por un espacio público libre de la sobreexplotación publicitaria. En Europa ha sido Grenoble una de las ciudades más avanzadas en sumarse a este objetivo al que, con distinta intensidad, se han unido otros municipios franceses como Lyon o Nantes.

Uno de los obstáculos evidentes a estas políticas urbanas es la pérdida de ingresos económicos provenientes de la publicidad exterior. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ya ha dicho que le encanta la idea, pero que no sabe de dónde sacar los 40 millones de euros que dejaría de ingresar si prohíbe las vallas publicitarias. En Ginebra hicieron el año pasado un referéndum y el veto a la publicidad fue rechazado con el argumento principal de que perder 10 millones de euros al año obligaría a recortar servicios ciudadanos.

En todo caso, es probable que la discusión sobre prohibir o limitar la publicidad exterior continúe y se extienda, porque estamos bastante necesitados de una mirada más estricta para la protección del espacio público en nuestras ciudades, cada vez más mercantilizado y afeado por todo tipo de artefactos y estorbos. El espacio público no es solamente lo que es de todos, sino también lo que nos convierte en ciudadanos, lo que nos permite y obliga a pensar en el interés colectivo como un bien imprescindible para la calidad de vida.