La Fiscalía se opone a investigar la querella de Begoña Gómez contra Peinado porque el Tribunal de Justicia se niega a pedir al juez la causa íntegra

Madrid

La Fiscalía de Madrid ha rechazado apoyar la querella que Begoña Gómez interpuso contra el juez que investiga su actividad profesional, Juan Carlos Peinado, por un presunto delito de prevaricación continuada. La Fiscal Superior, Almudena Lastra, sostiene en su escrito que no le queda otra salida, después de que el Tribunal de Justicia de Madrid se haya negado a reclamar copia de toda la causa Un extremo que Lastra consideraba necesario para que los magistrados pudieran analizar si el delito era o no continuado como sostienen los abogados de Gómez.

La Fiscal Superior es muy dura con el alto tribunal madrileño al que reprocha que consideren que se ha “excedido” en su petición y le recuerda que “en las muy contadas ocasiones en que esta Fiscalía se lo ha solicitado a este Tribunal, nunca antes se había denegado. Incluso la propia Sala de oficio ha ordenado recabar testimonios íntegros de las actuaciones cuando lo ha considerado oportuno para adoptar la decisión de admisión”.

Añade que “no tenía por objeto la petición que el Tribunal supliera la falta de actividad de esta parte, pues no es el caso y, obviamente, no es función del Tribunal Superior de Justicia revisar todo lo actuado por el Magistrado querellado. El fundamento de la solicitud no era otro que facilitar a la Sala la adopción de la decisión de iniciar o no el procedimiento con pleno conocimiento de lo actuado”.

La “inusual forma de llevar la instrucción por el Magistrado, en lo que coincidimos con la querellante, nos llevó a efectuar la petición por la conveniencia de analizar en su conjunto la denunciada forma de proceder de aquel contra quien se dirige la querella”. Una “inusual” forma de investigar que llevan a Almudena Lastra a recordar a la sala que ha pedido que se admita a trámite la querella que interpuso el Presidente del Gobierno porque “en esa querella sí se aportan indicios de que esa actuación concreta del Magistrado pudiera obedecer a fines ajenos al correcto ejercicio de la función judicial”.