La ONIF investiga el fraude de la 'mafia del diésel', un entramado de 1.900 millones anuales

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude y las autoridades de competencia han abierto una investigación sobre "la mafia del diésel en España", un fraude de combustibles de una magnitud sin precedentes: ronda los 1.900 millones de euros anuales y lleva más de 13 meses operando en nuestro país.

El inicio de la trama se sitúa en la venta de combustible, fundamentalmente diésel ya refinado, importado de "falsa bandera" procedente de Siria, Rusia e Irán ––todos ellos países con límites a la exportación––, pero cuya nacionalidad se altera en Turquía y Marruecos (se finge haber cargado, descargado y refinado el diésel) para que la bandera bajo la que se importa ya no sea de regímenes sancionados.

Ese combustible lo venden después a las gasolineras "operadores fantasmas", nombres que se registran, aparecen y desaparecen en tres meses. El precio al que venden es tan bajo que, en ocasiones, llega a 40 o 60 céntimos de diferencia respecto al "diésel legal", lo que hace que muchos gasolineros compren ––a veces a sabiendas, otras no–– a una red de operadores que figuran como la pieza clave del fraude.

El fraude ha crecido con el paso de los años. Según las cifras del sector y la Agencia Tributaria, comenzó a surgir en 2022, cuando representaba un 5% del total del combustible vendido. A finales de 2023 alcanzaba el 15% del diésel que se vendía y, a fecha de hoy, los investigadores estiman que alcanza un 22 y un 25% del carburante. Es decir, uno de cada cuatro litros de diésel que se venden en España.

La clave de ese entramado son los "operadores fantasma", intermediarios que venden producto barato ––incurren en un triple fraude de IVA, biocarburantes y medioambiental––– y colocan diésel a precio tan bajo que están amenazando la viabilidad de las gasolineras que sí compran producto legal, incluidas las tres grandes compañías petroleras que operan en España.

Tres fraudes millonarios

Hay tres grandes bolsas de fraude en este entramado: de IVA, de biocombustibles y del conocido como "fondo de eficiencia", que suman unos 1.900 millones de euros anuales, uno de los mayores jamás detectados en España, según fuentes de la Agencia Tributaria.

1. El primer fraude es el del IVA. Hay un tráfico sin precedentes de la compra de títulos de "operador al por mayor" petrolero en España. Ese título es el que permite operar (comprar y vender petróleo y carburantes en nuestro país). Lo expide el Ministerio y lo registra la CNMC y basta con una "declaración responsable" para poder operar. Las solicitudes para ser "operador al por mayor" se han disparado hasta el punto de que son ya 322 y las autoridades han frenado temporal o definitivamente a 200 de ellas. Son operadores que ––en muchos casos–– duran 3 meses activos y que compra el diésel, lo venden ––cobran el IVA–– pero no lo pagan a Hacienda. Cierran, desaparecen y se embolsan ese 21%. Ese es el grueso del fraude: 1.200 millones de euros, de los que alerta también el SEPBLAC (el servicio contra el blanqueo) porque ese dinero se blanquea después.
2. El segundo fraude es el de los biocombustibles. Las gasolinas en España deben contener una cantidad de biocombustibles por cada litro para reducir las emisiones de CO2. El diésel que se está vendiendo no incluye esos elementos, por lo que es más contaminante y más barata. Ese fraude suma entre 500 y 600 millones de euros más.
3. El tercero es el del llamado "fondo de eficiencia", una cuantía que las petroleras deben abonar precisamente por contaminación, pero que el combustible “pirata” no está abonando. Ese fraude suma otros entre 60 y 100 millones de euros.

El balance final es una de las mafias de fraude más grandes que jamás han detectado las autoridades y que suma unos 1.900 millones de euros.

El efecto en gasolineras y consumidores

La mayoría de gasolineras que compran ese diésel barato no saben si quien les oferta es un operador legítimo o alguien que cerrará su empresa y se embolsará el IVA que ellas sí pagan. Pero el resultado es que, aquellas que están comprando este "diésel en fraude", están pudiendo ofrecer precios sustancialmente más baratos que los competidores que siguen ofreciendo precios de los proveedores tradicionales. El resultado entre los gasolineros es que muchas estaciones tradicionales están cerrando o están dejando sus banderas habituales para convertirse en operadores independientes.

Para los consumidores, la diferencia es sustancial en precios cuando repostan "diésel en fraude". Así, tal y como citan las autoridades, una gasolinera en Morón de la Frontera (Sevilla) u otra en Zaragoza vende el diésel a 1,09 frente al precio de 1,45 al que se cobra en las estaciones que venden "diésel legal". El precio es entre 20 y 40 céntimos más bajo por litro. Si llenar un depósito de 50 litros cuesta 70 euros, el coste baja a entre 50 y 60 euros, entre 10 y 20 euros menos por depósito.

Los sospechosos del fraude

Hacienda y la ONIF han localizado ya y enviado requerimientos a estaciones de servicio y operadores implicados. La ONIF denuncia que algunos gasolineros están comprando diésel pirata a sabiendas, es decir, pueden ser considerados responsables de un delito de "receptación". Y esto es lo que se investiga. De momento, Hacienda ha remitido 400 requerimientos a gasolineros pidiéndole que le detallen sus pagos de IVA.

Las autoridades de competencia han identificado también a los operadores sospechosos de fraude. La Cadena SER ha intentado contactar también con muchos de ellos, pero ninguno ha respondido. Con todo, hay algo que llama la atención en sus domiciliaciones fiscales: aparentemente, las calles Goya y el Paseo de la Castellana en Madrid se están convirtiendo en grandes centros de operaciones petroleras.