El fiscal General del Estado seguirá en el cargo pese a su imputación en el Supremo

Madrid

El Tribunal Supremo va a investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos por la difusión de datos relativos a la investigación por delitos de fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador, el novio de Ayuso. Una nota de prensa que ordenó difundir el jefe del Ministerio Público para desmentir el bulo de que esta institución había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para concluir el proceso penal en el que esta inmerso. Los hechos ocurrieron al revés. Fue la pareja de Ayuso quien remitió un escrito al fiscal reconociendo los delitos y ofreciendo la posibilidad de llegar a una sentencia de conformidad.

Álvaro García Ortiz no tiene intención de dimitir, como pide el PP desde que ha conocido la noticia. Ha emitido un comunicado en el que explica que ha convocado la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal este jueves para comunicar su decisión y que no deja el cargo porque es "lo menos lesivo y lo menos gravoso para la Institución", tal y como adelantó el pasado mes de junio la Cadena SER. El Fiscal General ha hecho público un comunicado en el que invita a hacer "una profunda reflexión" por las consecuencias que es proceso puede generar "no solo en la futura actuación del Ministerio Público, sino también en toda la Justicia Española". García Ortiz defiende que "no estamos ante una causa por un asunto particular" porque "el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar sobre los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía de recibir información veraz".

Valoración de las asociaciones

La asociación mayoritaria de fiscales califica de "inédita en Democracia" la imputación de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. La admisión a trámite de la querella es una anomalía que genera tensión en la institución y le invita a "reflexionar" sobre su continuidad. Las otra asociación conservadora, APIF, que ha recurrido en el alto tribunal el nombramiento de García Ortiz como Fiscal General pide directamente su dimisión. Por su parte, la progresista UPF respalda la actuación del Ministerio Público. La nota informativa, dice, se enmarca en "la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz" y venía a "aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".