El Gobierno defiende la "honorabilidad" del Fiscal General tras su imputación: "¿De verdad puede ser delito contar la verdad?"
El ministro de Justicia "respalda a los fiscales que persiguen el delito" y la vicepresidenta Montero recuerda que Álvaro García Ortiz solo "se defendió de una mentira"
EP
Madrid
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha salido este miércoles a defender al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su imputación por parte del Tribunal Supremo. "¿De verdad puede ser delito en este país contar la verdad?", se ha preguntado Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno. "¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y por su entorno político?"
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"El Gobierno quiere respaldar a los fiscales", ha remarcado el ministro, "a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito".
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la "profesionalidad y honorabilidad" de García Ortiz y ha recordado que la Fiscalía solamente "se defendió de una mentira" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Primera vez que se imputa al Fiscal General
Montero ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, minutos después de que el Supremo acordase abrir una investigación contra García Ortiz por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de Ayuso, una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
Considera además que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando "demonizarlo" e "intentan presentar querellas" contra García Ortiz. "Pero insisto, aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso", ha señalado.
Según la vicepresidenta, Ayuso mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que "además era Hacienda la que le debía dinero", cuando según ha subrayado Alberto González Amador admitió que había cometido "un delito fiscal" y fue su abogado el que solicitó el pacto.
