Turquía, el polémico centro de detención europeo en el que se mira el construido por Meloni en Albania

El centro de deportaciones italiano que Giorgia Meloni intenta poner en marcha en Albania, y que de momento ha fracasado por una decisión judicial, no es una idea completamente nueva. La Unión Europea ya financia centros similares fuera de sus fronteras.

La novedad es que ahora se pretende encerrar a migrantes detenidos directamente por un país de la UE en alta mar y está manejado por los Carabinieri, un cuerpo policial similar a la Guardia Civil española. A las dudas sobre la legalidad del sistema, se suman voces que cuestionan si es la mejor solución posible.

El caso de Turquía

Turquía ejerce como un potente tapón para cerrar la puerta de entrada a Europa. En 2016, el Consejo Europeo aprobó una declaración conjunta con Ankara y se comenzó a devolver a Turquía migrantes llegados a las islas griegas. Además, se ha construido una red de centros de deportación en el país transcontinental, por los cuales ha recibido ya más de 11.500 millones de euros comunitarios.

En esas instalaciones ondean las banderas europea y turca, aunque están gestionadas solo por los segundos. Una investigación de Lighthouse Reports junto con El País y otros diarios europeos, ha mostrado que, en esos centros de deportación turcos financiados por la Unión Europea, los migrantes reciben palizas hasta que aceptan volver a países como Siria o Afganistán.

El coste del plan de Meloni

Roma se resiste a ofrecer un dato exacto, pero la prensa del país ha completado poco a poco la factura. Las instalaciones han costado 670 millones de euros y se estima que en cinco años costará otros 800 millones por el alojamiento de los internos.

También hay que sumar el despliegue policial (los agentes desplazados cobra un extra de 3.000 euros mensuales), el combustible del barco (cada viaje cuesta 290.000 euros y si se cumplen los planes de Meloni serán 14 millones de euros al año) y está pendiente la construcción de un barco con habitaciones (el actual es temporal y no está adecuadamente preparado).

Las alternativas a la externalización

Vicente Zapata, profesor de geografía humana en la Universidad de La Laguna, cree que el presupuesto extra utilizado para llevar a los migrantes fuera de las fronteras comunitarias podría ser utilizado para mejorar la integración de propios migrantes: “Los recursos económicos deberían estar orientados a realizar una acogida digna y enfatizar los procesos de inclusión social”.

Además, apunta que Europa tiene una población envejecida y la inmigración es una de las posibles soluciones a una pirámide poblacional cada vez más difícil de gestionar. Sobre dar dinero a terceros países, cree que lo importante es para qué se da ese dinero: “Es importante que se puedan idear nuevas maneras de trabajar con los países de origen de flujos migratorios para que las personas puedan encontrar las respuestas a sus necesidades y aspiraciones donde han nacido”.

Sobre la opinión cada vez más mayoritaria entre la ciudadanía europea, que cree que la situación es insostenible, indica: “Tiene que ver con una parte pequeña de la sociedad, que quiere imponer al resto la idea para amplificar sus ideales racistas”.

A pesar de las cifras y del revés que ha recibido este viernes por parte de la justicia, el Gobierno italiano se muestra muy satisfecho por la acogida que ha tenido su plan por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El jueves Italia, junto con Dinamarca y Países Bajos, organizó una reunión en la que se discutió la expansión del modelo a otros países de la UE. Asistieron Austria, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Malta, Polonia y República Checa.