El Consejo de Ministros aprueba este martes el indulto para José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó el 'caso Gürtel'

Madrid

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes un paquete de medidas para luchar contra la corrupción que incluyen el refuerzo de la plantilla de la Fiscalía y también el indulto a José Luis Peñas, el denunciante del 'caso Gürtel'. Gürtel, correa en alemán, fue la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que anidó en la sede del PP de la calle Génova, en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, y en la Comunidad Valenciana de Francisco Camps. Un caso que se llevó por delante al tesorero de los populares, Luis Bárcenas, y que destapó la caja B del Partido Popular.

La noticia, que ha adelantado eldiario.es y ha podido confirmar la Cadena SER, permite a José Luis Peñas mantener su puesto como funcionario. Peñas tenía suspendida la pena de prisión y contaba con los informes favorables del Tribunal Supremo y de la Fiscalía para conseguir el perdón. Este exconcejal de Majadahonda estuvo durante un año grabando en secreto a los actores de estas corruptelas antes de presentar una denuncia el 6 de noviembre de 2007. Denuncia que se investigó en secreto hasta que el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción ordenaron en febrero de 2009 las primeras detenciones.

La trama Gürtel cuenta con una foto para la historia. La de Francisco Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, desfilando por el Monasterio del Escorial como testigos de la boda de Alejandro Agag y la hija del entonces Presidente del Gobierno, José María Aznar. Gürtel asumió más de 30.000 euros de los gastos del enlace.

Condenas de hasta 51 años

La Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después avalaron la legalidad de las grabaciones de Peñas e impusieron condenas de hasta 51 años a los cabecillas de Gürtel. Además, confirmaron que el Partido Popular se benefició de las prácticas de la trama y le condenaron como partícipe a título lucrativo. La sentencia del Supremo señaló que "desde el llamado Grupo Correa y personas del Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable, consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo".

Pero, añadían, "por otra parte, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP), lo que permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública".