Indignación justa

Barcelona

Indignación justa. Rechazo conmocionado. Algarabía confusa. Y aprovechamiento hipócrita. Estas son algunas de las reacciones públicas al lamentable comportamiento abusivo de Iñigo Errejón, viscosamente reconocido por él. Reacciones en tono grave. Normal, porque el ya expolítico actuó de forma contraria a lo que predicaba en favor de las mujeres y sus derechos, y no mostró compasión más que por sí mismo. Eso molesta mucho. Irrita. Pero al vendaval de sentimientos airados debe sucederle una reflexión útil, esto es, fría. Jurídica. Porque el asunto ya está al borde del ámbito judicial. Y es así donde debe dirimirse, sin olvidar otras posibles responsabilidades públicas colaterales.

Lo primero a recordar es que la autoría de los hechos enjuiciables corresponde a quien los realizó. Errejón asumió enseguida su responsabilidad pública individual, dimitiendo. No le quedaba otro camino, seguramente. Pero otros famosos no lo hicieron así, anteriormente. Ahora bien, el exportavoz parlamentario reconoció hechos vejatorios –calificables muy ácidamente—pero no confesó propiamente delitos. Hechos suficientes para ser investigados por la judicatura, sí, pero por el momento estrictamente indicios delictivos. Así que no es un criminal confeso, sino que junto a la sospecha de atentar contra la ley penal tiene derecho a la presunción de inocencia.

Luego están las posibles responsabilidades políticas y/o jurídicas de sus colegas en la política, sobre todo en Más Madrid y Sumar. Han empezado a dar explicaciones, ahora mismo Yolanda Díaz. Se necesitan más detalles, sobre todo si surgen nuevos datos. Y mejor vigilancia, y habrá que exigirla así. Pero también todos los periodistas, todos, debemos publicar solo hecho contrastados: cuidado con caer en la pendiente de lo no verificado. Y cuidado desde la política con imputar “encubrimiento” a otros, como han hecho algunos habituales: el encubrimiento es un delito. Y atribuirlo, si es falsamente, también.