Meloni echa un pulso a la Justicia y reanudará en los próximos días la deportación de migrantes a Albania
La operación podría comenzar este lunes, momento en el que el buque de la Marina Libra, que se encargó del primer traslado, se situará a 20 millas de Lampedusa
Uno de los migrantes repatriados durante el primer intento de traslado. / DONATO FASANO (EFE)
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, vuelve a desafiar a la justicia y le da una segunda oportunidad al traslado de migrantes a los polémicos centros de retención que se han construido en territorio albanés para gestionar eventuales repatriaciones. Esta decisión, que se llevará a cabo en los próximos días, ha tenido lugar después de que estas instalaciones fuesen vaciadas y el Gobierno de Meloni emitiese un decreto ley para blindarlas.
El buque de la Marina Libra, que se encargó del primer traslado de migrantes a Albania hace tres semanas, "volverá a alta mar en los próximos días", según han confirmado este sábado fuentes del Ministerio del Interior. Este lunes, la nave militar se situará a 20 millas de la isla de Lampedusa (sur), puerta de entrada de las personas que cruzan el Mediterráneo con destino a Italia, y será entonces cuando se de por recomenzada la llamada "operación Albania", según han explicado los medios locales.
Más información
- El Gobierno de Meloni aprueba un decreto para evitar que la Justicia italiana pueda frenar el envío de migrantes a Albania
- La Justicia tumba el plan de Meloni y ordena la vuelta a Italia de los migrantes enviados a Albania
- Llega a Albania el barco militar italiano con el primer grupo de migrantes trasladados al centro de identificación de Tirana
Fuentes oficiales, por su parte, aún no han confirmado ninguna fecha concreta, porque también dependerá del estado del mar y de las salidas" de barcazas con migrantes en el Mediterráneo. En cualquier caso, la nave rescatará a los que se encuentren en aguas internacionales y trasladará a Albania a los que cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo firmado entre Roma y Tirana, por el que se levantaron dos centros en las localidades albanesas de Shengjin y Gjader para aligerar la presión en el sistema de acogida italiano.
Tres semanas después del primer intento fallido
La operación podría recomenzar tres semanas después del primer y fallido traslado a Shengjin de los 16 primeros migrantes procedentes de Egipto y Bangladés: cuatro de ellos tuvieron que ser devueltos inmediatamente porque eran menores o "vulnerables" y dos días después el Tribunal de Roma no convalidase la retención de los 12 restantes y ordenase su regreso a Italia.
Tras este fracaso en la externalización de la inmigración, y después de una decisión judicial basada en una sentencia europea y que alegaba que los migrantes enviados a Albania provenían de "países no seguros", el Gobierno llegó a una solución: aprobó un decreto para estipular por ley la lista de los países que una persona no tiene por qué escapar y blindar así los polémicos centros en Albania.
La estrategia de Meloni, que consistió en fijar lista de "países seguros" con un decreto con fuerza de ley usado por motivos de "necesidad o urgencia", fue puesta en duda por el Tribunal de Bolonia (norte de Italia), que consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al considerar que vulneraba la legislación europea. Aun así, la primera ministra ultraderechista ha decidido seguir adelante con el acuerdo, sin esperar a una respuesta, después de asegurar en televisión que la petición de la corte de Bolonia "ha sido visto por muchos más como un panfleto de propaganda que un documento judicial".
Un coste de casi nueve millones de euros
El Gobierno de Meloni, que antes del encontronazo judicial recibía el respaldo a su plan de países europeos y un guiño favorable de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está siendo muy criticado por la oposición. La última polémica al respecto surgió este viernes, cuando medios locales revelaron que alojar en Albania a casi 300 agentes de la Policía italiana encargados de gestionar los centros tendrá un coste de casi nueve millones de euros por año.
El gasto de alojamiento asciende a 8,89 millones de euros, con un coste de 80 euros al día por policía, y está previsto que los cuerpos de seguridad se alojen en dos complejos turísticos de 4 estrellas, también con piscinas, playa, restaurante e instalaciones recreativas. También se ha criticado el alto coste del plan, por el que se prevé un gasto de 800 millones de euros en cinco años. Mientras los centros de Shëngjin y Gjader llevan dos semanas sin migrantes aunque siguen poblados por casi 300 trabajadores: traductores, limpiadores, personal médico y de enfermería, y agentes de policía, según las mismas fuentes.
