La Fiscalía recurre la entrada y registro al despacho del Fiscal General del Estado
El magistrado Ángel Luis Hurtado ordenó el registro del despacho de Álvaro García Ortiz y el de la Fiscal Jefa de Madrid, que están siendo investigados por un presunto delito que acarrea penas de cuatro años de prisión
Agentes de la Guardia Civil permanecen apostados en el exterior de la sede de la Fiscalía General del Estado. / DANIEL GONZÁLEZ (EFE)
Madrid
La número dos de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, ha recurrido la insólita decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que ordenó la entrada y registro en los despachos del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa de Madrid que están siendo investigados por un presunto delito de revelación de secretos por desmentir el bulo lanzado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso en la causa que se sigue por fraude fiscal contra su pareja.
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Sánchez Conde ha dictado, además, un decreto en el que acuerda que no dará cuentas ni recibirá órdenes de Álvaro García Ortiz en esta causa. Este decreto se conoce, después de que dos acusaciones populares -el pseudosindicato ultra Manos Limpias y la asociación de fiscales APIF, que cuenta con apenas una treintena de miembros- pidieran al alto tribunal que suspendieran a García Ortiz de todas sus funciones.
El pasado 30 de octubre, el juez acordó la entrada y registro en los despachos del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa de Madrid para hacerse con "todos aquellos dispositos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con el delito de revelación de secretos que se investiga". Esto incluyó los teléfonos móviles y los correos electrónicos de ambos que se enfrentan a un delito que acarrea como máximo una pena de prisión de 4 años.
Ángel Luis Hurtado quiere todas las comunicaciones del jefe del Ministerio Público desde el 8 de marzo y no desde el 12 de ese mes que es cuando ordenó desmentir el bulo lanzado desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso que le acusaba de dinamitar un supuesto pacto que había ofrecido el fiscal que investiga a su pareja por un fraude fiscal de 350.000 euros.
El fiscal no ofreció un pacto, sino que fue Alberto González Amador quien lo pidió después de declararse culpable. Ese desmentido, que adelantó la Cadena SER y después confirmaron otros medios de comunicación, era el objeto de la investigación. Sin embargo, el Tribunal Supremo echa para atrás el calendario para conocer las comunicaciones de García Ortiz en los días en que eldiario.es publicó la existencia de esa causa abierta al novio de Ayuso y justo después de que la fiscal jefa de Madrid comunicara al subordinado que lleva el caso que le diera cuenta de todo lo actuado con la pareja de Ayuso.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
