Expertos en gestión sanitaria, sobre Muface: "Es un modelo anacrónico y obsoleto"
Consideran que debería existir un plan de transición ordenada debido a su declive y a la creciente falta de interés de las aseguradoras y los pacientes
Expertos en gestión sanitaria, sobre Muface: "Es un modelo anacrónico y obsoleto"
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Muface es un sistema en declive. Así de contundentes se muestran los expertos en gestión sanitaria. Los datos, además, avalan la afirmación. A la falta de interés de las compañías privadas —que esta semana dejaron desierto el concurso para 2025 y 2026—, se suma el porcentaje creciente de funcionarios, que a pesar de poder elegir un seguro privado, se quedan en el Sistema Nacional de Salud.
El sistema, que permite que más de un millón y medio de personas, entre funcionarios y familiares, reciben atención médica al margen de la sanidad pública, es inviable según las aseguradoras si no se mejoran las condiciones económicas. Sostienen que, a pesar del aumento del 17% en el presupuesto ofrecido por el Gobierno, no les compensa.
Asisa afirma que entrar de nuevo en Muface podría hacer quebrar la empresa. El Gobierno ha prometido a los sindicatos un nuevo concurso y, si es necesario, una prórroga forzosa para las aseguradoras actuales, que podría llegar hasta septiembre del año que viene. Solo tres compañías, Adeslas, Asisa y DKV, prestan servicio actualmente a Muface. Mapfre, Caser o Sanitas, que participaron en Muface durante muchos años, se retiraron en los anteriores concursos alegando los mismos motivos que han desencadenado la crisis actual: no les sale a cuenta.
Cada vez más funcionarios rechazan un seguro privado
En el lado de los pacientes, cada vez más funcionarios rechazan el seguro privado y se quedan en la sanidad pública. En 2010, el 14% de los funcionarios eligió el Sistema Nacional de Salud y rechazó ser cubierto por una compañía privada. El 2021, se alcanzaba el 20% y este año se sitúa en el 28%. José Repullo, profesor emérito de planificación y economía de la salud del Instituto de Salud Carlos III, explica que se debe a como funcionan los seguros y el perfil de los funcionarios: “El seguro es más rápido, con pruebas sueltas. Pero con la edad y la necesidad de más tratamientos, la sanidad pública responde de una manera más integral”.
Repullo cuenta que Muface es un sistema heredado del pasado. Y aunque tuvo su función, hoy continúa existiendo por inercia y por la falta de voluntad para realizar cambios: “La situación actual no es nada positiva. El mutualismo administrativo es un anacronismo disfuncional. Pero satisface muchos intereses. Además, hay un problema de principios, si somos iguales o Muface para todos o para nadie. ¿Por qué los funcionarios sí, pero no un autónomo, una trabajadora del hogar…?”
Aunque el Gobierno afirmó este viernes a los sindicatos que sacará adelante la renovación del convenio, y hay expertos que creen que las aseguradoras acabarán aceptado las condiciones —debido al volumen de clientes que les aporta Muface, es una parte fundamental de su negocio— también piden que existan planes para cualquier escenario.
Pedro Tamayo, profesor de la UNED especializado en la gestión sanitaria de las Comunidades Autónomas, cree que el modelo desaparecerá en algún momento. Aunque finalmente el Gobierno salve este concurso, la sanidad pública debería estar lista para una transición ordenada: “Asumir de golpe sin financiación adicional 160.000 personas en la Comunidad de Madrid o 260.000 en Andalucía crearía un problema”.
Ambos expertos afirman que, ahora que hay tiempo, se puede planificar una transición ordenada al sistema público. Tamayo apunta que el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda a la cabeza, que financia los costes de Muface, debería establecer contacto con las Comunidades Autónomas, ya que son las administraciones que prestan el servicio sanitario público, para estar preparados.
Repullo cree que Muface y el mutualismo de los funcionarios es un modelo que no responde a los retos que afronta la sanidad en 2024 y que debería extinguirse. Sin dañar a nadie acostumbrado ya al sistema, los funcionarios que lo han utilizado durante toda su vida deberían poder seguir disfrutándolo. Sin embargo, podría ser eliminado para los nuevos trabajadores públicos.