El Gobierno consigue dar un paso más en su cruzada para modernizar la Justicia
El Congreso da luz verde al proyecto de ley de eficiencia del servicio público de Justicia con el que según Bolaños se busca una planta judicial "más flexible, ágil y con capacidad para adaptarse a las cargas de trabajo"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz (d), junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Féliz Bolaños (c), y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) / FERNANDO VILLAR (EFE)
El Gobierno ha esprintado hoy en su carrera para transformar la Justicia española. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Félix Bolaños ha sido el encargado de defender un texto que viene a sumarse a las otras iniciativas con las que su ministerio quiere agilizar, digitalizar y modernizar la administración. Se reformará la planta judicial para acercarla al ciudadano, se especializarán los órganos y se pondrán en marcha medios alternativos para la solución de controversias.
Bolaños ha defendido la norma en el Congreso celebrando que "la Justicia del siglo XXI nace hoy". Lo hace con 179 votos a favor y 168 en contra; los de la derecha de PP y Vox. El ministro cree que se está dando "un paso decisivo" en la transformación del sector. El titular de Presidencia ha tenido palabras de elogio para sus predecesores que se atrevieron a soñar con estas reformas que persiguen hacer la Justicia "más flexible, más ágil, con mayor capacidad para adaptarse a las cargas de trabajo y que facilitaban los medios alternativos de solución de conflictos".
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Esta Ley Orgánica trabaja en dos líneas; una reforma organizativa y otra procesal. La primera se sustancia en la creación de Tribunales de Instancia, un órgano que integrará todos los juzgados unipersonales y jueces de primera instancia en cada partido judicial, unificando la respuesta, haciendo más sencillo que se especialicen, unifiquen criterios y puedan distribuir recursos y carga de trabajo.
También se crean Oficinas de Justicia en los municipios acercando el servicio público a todos los territorios, favoreciendo que actos y trámites se puedan hacer de forma telemática o sin desplazarse a las grandes ciudades.
El texto desarrolla aspectos que estaban recogidos en la ley del solo sí es sí y da un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, al tiempo que pone en marcha la garantía de justicia gratuita a todas las víctimas de violencia sexual.
La ley incluye modificaciones en materia procesal regulando los llamados medios alternativos de solución de controversias. Esta nueva regulación facilitará buscar la solución más adecuada a cada conflicto aliviando la carga de trabajo de juzgados y tribunales.
"Una ley contaminada"
Desde el PP, la diputada María Jesús Moro ha denunciado que la norma está "contaminada" con numerosas cuestiones que no tienen que ver con la Justicia. Moro ha advertido de las "prisas, el oscurantismo y los cambios de cromos" del Gobierno para sacar adelante la ley
Bolaños le ha recordado que este acuerdo estaba comprometido por España ante la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y no tenerlo en vigor antes del 1 de enero de 2025 costaría a las arcas públicas 2.400 millones de euros de fondos europeos y ha lamentado que los populares no se hayan sumado al acuerdo.