"Es tanta la burocracia que hay que armarse de valor": afectados de otras catástrofes sufren errores y retrasos en la concesión de las ayudas

"Es tanta la burocracia que hay que armarse de valor", cuenta Juan Vicente Rodríguez, miembro de la Plataforma de Damnificados por el Volcán de La Palma. Reconoce que las ayudas han acabado llegando, en especial las de primera necesidad y las destinadas a las personas cuyas residencias habituales fueron destruidas por la lava. No obstante, las demoras y las dificultades en la tramitación han ralentizado la llegada de las ayudas movilizadas por las administraciones.

Es algo que los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y los afectados de los seísmos de Lorca (Murcia) piden que no se repita en la gestión de las ayudas por la DANA de Valencia. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un real decreto con 110 medidas adicionales por 3.765 millones de euros, que se une a los 10.600 ya aprobados. El Estado contempla conceder ayudas de entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas y de hasta 10.300 euros para los daños en electrodomésticos y enseres. Para canalizar este escudo, se ha habilitado la apertura de la red de oficinas temporales en los municipios afectados con el objetivo de conseguir que los trámites sean lo más "simples" posible, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La Palma, tres años después

El Gobierno central ha movilizado 1.040 millones en total desde la erupción del volcán, el 19 de septiembre de 2021, y que mantuvo la emergencia 85 días. El Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado ya el 99% de las ayudas con 238 millones. "Lo peor es la incertidumbre, rehacer tu vida, algunos ya han reconstruido o estamos reconstruyendo", argumenta Juan Vicente Rodríguez, "dinero ha habido, hemos tenido que demostrar qué grado de afección teníamos y pelear por nuestra situación". Sí añade que ha habido ayudas "criticables", porque no iban dirigidas a la primera necesidad o que la moratoria para el pago de las hipotecas o la bonificación del 60% en el IRPF es extensible a toda La Palma: "Entiendo que no está justificado que no se haga distinción entre el resto de la isla y los damnificados que lo perdimos todo".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Tierra Bonita de La Palma, Francisco Rodríguez, lamenta que "solo 150 personas de las 7.800 inscritas en el registro único han recibido una compensación justa respecto a la pérdida de la vivienda". También recuerda que todavía son 120 las familias que viven de alquiler desde hace tres años en las casas contenedor: "Hay muchas personas mayores a las que ubicaron allí que son dependientes y tienen que vivir con alguno de sus hijos o con alguien que les cuide". Lamenta que no se haya construido nueva vivienda de protección para los damnificados que no han recuperado su residencia o pueden pagar el alquiler tras la subida de precios. Ya no quedan personas viviendo en los hoteles en los que tuvieron que reubicarse tras la catástrofe.

En 2023, PSOE y Coalición Canaria negociaron en el acuerdo de investidura incluir una partida plurianual de 100 millones desde el año pasado hasta el año 2026. El Estado movilizaría 400 millones en esos cuatro años. A este montante se añaden 50 millones anuales de las arcas del Gobierno de Canarias. En total, llegarían a La Palma 600 millones destinados a devolver el valor real de lo perdido. "Lo cierto es que el Estado todavía no ha enviado los 100 millones que corresponden a este año, no sabemos nada y lo que nos dicen es que se están valorando los expedientes de las familias damnificadas", detalla Juan Vicente Rodríguez. El pasado julio, la consejera canaria de Presidencia, Nieves Lady Barreto, anunció la publicación de la primera orden del plan para compensar la diferencia entre las ayudas recibidas y el precio real de la vivienda perdida en el momento de la erupción.

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Errores burocráticos y una década de espera en Lorca

El 11 de mayo de 2011 se sucedieron dos seísmos que provocaron 9 fallecidos y más de 300 heridos en Lorca. "En torno a 40 familias que solicitaron ayudas al alquiler no las han recibido íntegramente y unas 200 por fin han podido cobrar el mes pasado el último 25% de la subvención para la reconstrucción de sus viviendas", argumenta Gloria Marín, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas de los Terremotos de Lorca. 13 años y medio después, el Consejo de Ministros del 8 de octubre aprobó una partida pendiente de 500.000 euros que ya adelantó el Gobierno de la Región de Murcia.

Domingo Lázaro, uno de los damnificados, cuenta a la SER que recibió durante 6 años ayudas al alquiler hasta que reconstruyó su vivienda en 2017: "Las ayudas eran 50% el Gobierno central y 50% la Región de Murcia. Me llegaban cada 4 meses hasta que en los últimos años dejó de llegarme la parte del Estado". Domingo Lázaro argumenta que le debe "un año y medio del alquiler, que se traduce en 5.000 euros y pico".

Además de retrasos en el pago de algunas ayudas, los afectados piden más "pedagogía" y acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía para comprender en qué consisten y las obligaciones que se adquieren al percibirlas. "En el caso de Lorca no se explicó que no son ayudas a fondo perdido, sino subvenciones públicas que hay que emplear y justificar adecuadamente", explica Gloria Marín. Un total de 5.300 familias recibieron una carta del órgano gestor de las ayudas, adscrito a la consejería de Fomento, "emplazándolas a devolver las ayudas por no haberlas justificado". Marín reprocha que "nadie les había explicado que tenían que guardar las facturas y el modo en que tenían que acometer las reformas". Considera que una familia o cien familias pueden cometer errores, pero "cuando un problema afecta a tantas personas quien ha hecho mal las cosas es la Administración".