El consejero de Salud asegura que el SMS "no asumirá" el gasto de los 34.000 nuevos pacientes que dejarían de tener MUFACE

Madrid

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, señala que no asumirán esa cantidad si el Gobierno de España "no se compromete por escrito a financiar adecuadamente a las comunidades autónomas".

Señala además que la ministra de Sanidad "causa un problema enorme a las comunidades y genera indefensión a los funcionarios afectados". El consejero asegura que el Ejecutivo central "tiene que poner una solución encima de la mesa y debe volver a licitar con las mutuas un acuerdo para su prestación sanitaria".

Pedreño calcula que el Servicio Murciano de Salud absorbería a unos 34.000 mutualistas, lo que supondría un coste de unos 55 millones de euros al año en la Región de Murcia.

Plan del Ministerio de Sanidad

Sanidad plantea acabar con el modelo Muface a partir del 1 de enero de 2025 e incorporar a la sanidad pública en 9 meses al millón de funcionarios que reciben ahora mismo asistencia privada. Según un informe del ministerio al que ha tenido acceso la Cadena SER, el sistema actual "no es sostenible". Madrid y Andalucía serían dos de las comunidades autónomas más afectadas. Esta propuesta de Mónica García se distancia del intento de Función Pública de renovar el nuevo contrato con las aseguradoras privadas.

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Sanidad cree que ha llegado la hora de pasar página después de que el concurso de Muface haya quedado desierto porque las aseguradoras ASISA, ADESLAS Y DKV han renunciado a presentarse. Tiene diseñado un plan de transición. El ministerio propone prorrogar durante nueve meses el concierto e ir incorporando paulatinamente a los funcionarios a la sanidad pública.

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¿Cómo se financiaría?

Transfiriendo los 2.681 millones de euros que destina el Gobierno a las aseguradoras privadas a las comunidades autónomas, dinero que tendrían que invertir con carácter finalista en los servicios autonómicos sanitarios durante los tres primeros años. Y además el informe de Sanidad que adelanta la Cadena SER establece una condición clave: un compromiso de lista de espera cero de tal manera que las operaciones previstas de Muface las realicen las aseguradoras en los 4 primeros meses de la prórroga.

La asistencia privada ha caído de forma notable entre los mutualistas, el 65% son docentes. Medio millón reciben ya atención sanitaria pública. Son exactamente 488.000. En los últimos doce años ha aumentado un 75% el número de funcionarios que han elegido recibir asistencia pública. Poco más de un millón (1.007.322) siguen eligiendo las aseguradoras privadas, según los datos que aporta el documento. La incorporación de ese millón de mutualistas supondría un incremento del 2,1% del número de personas.

Hay otro dato importante: la población de Muface está envejecida. Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León son las comunidades autónomas que más pacientes mayores de 65 años tendrían que asumir. El de Madrid, apunta el informe, es un caso de mención especial porque paradójicamente es la comunidad con la población más joven.

En el informe Sanidad acusa a las aseguradoras privadas de seleccionar a los pacientes con menos coste. Hay una mayor prevalencia de mutualistas que reciben asistencia pública en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, EPOC y cardiología sistémica. “Esto responde a la hipótesis de la selección de riesgos por parte de las aseguradoras que empuja a los mutualistas a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria. La población tiene una edad media superior que la población en general, pero el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de la población general”.

Según Sanidad, la alternativa continuista de aumentar la oferta económica del Gobierno a las aseguradoras sería insuficiente porque las empresas demandan un incremento del 40%. Dice que sería también insostenible porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido del envejecimiento de los mutualistas de Muface e inequitativa por incrementos porcentuales serían impensable en el ámbito de la provisión pública directa. Y cita la existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos de las aseguradoras privadas supone una asunción de riegos y costes para el SNS que deberían asumir las aseguradoras privadas.

“Es postergar una decisión que habrá que tomar antes o después” y ante el rechazo de las aseguradoras a concurrir al concurso, “por primera vez en muchos años se presenta la posibilidad de que sea viable y razonable incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria pública” concluye el informe sobre el plan de transición.

Las aseguradoras privadas ASISA,ADELAS y DKV han renunciado a presentarse al concurso para seguir prestando asistencia sanitaria a los funcionarios, la mayoría docentes. Consideran insuficiente la financiación. Piden una subida del 40 por ciento y el Gobierno les ofrece un 17 por ciento. La propuesta del ministerio de Mónica García, de Sumar, se distancia del intento de Función Pública que dirige el socialista Oscar López de seguir negociando para renovar el nuevo contrato con las aseguradoras que vence el 31 de diciembre.