¿Quién quiere autonomía?

Madrid

La reclamación de la derecha de que el Gobierno debería haber asumido por decreto las competencias de la Generalitat Valenciana para combatir los efectos de la dana tiene como razón prioritaria su obsesión por echar del poder a Pedro Sánchez a toda costa (y, de paso, tapar las responsabilidades del ejecutivo autonómico del PP en esa comunidad). No obstante, resulta de interés observar que, más allá de tácticas y estrategias en esa feroz lucha por el poder que se libra en España desde 2018, la posición de Feijóo encuentra también fundamento en un sentimiento mayoritario entre el electorado conservador de nuestro país.

Según un reciente estudio del CIS, a más de la mitad de los votantes del PP en las últimas elecciones generales les gustaría que se redujeran las competencias de las comunidades autónomas o que directamente se suprimieran. Hay algo disfuncional en la distancia que parece haber en un tema tan trascendente entre el poder que el PP ostenta en el mapa autonómico español y su electorado, dado que no se recuerda que ninguno de los presidentes autonómicos populares haya manifestado que quiere menos competencias para su comunidad.

Que la derecha española, en sus estratos más profundos, tiene fuertes pulsiones centralistas no es del todo inesperado. Lo que es verdaderamente llamativo e inquietante es que el apoyo al modelo autonómico surgido de la Constitución de 1978 se encuentra en el conjunto del país en su momento más bajo y se ha reducido a la mitad en los últimos veinte años. Solo un 26,3 % de los españoles piensan que mantener el modelo autonómico actual es la mejor opción.

La cuestión de la organización territorial del Estado ha sido un permanente dolor de cabeza para la política española desde hace un siglo y medio. El modelo de 1978 arrancó con numerosas dudas y problemas, pero a finales de siglo se consideraba ya uno de los pilares del éxito de nuestra joven democracia. España había logrado salir de su laberinto.

Hoy los estudios demoscópicos parecen desmentir aquel entusiasmo y nos sitúan de nuevo ante una sociedad enormemente dividida. Porque el tema no es solo Cataluña (el procés, la amnistía, el nuevo modelo de financiación), sino la profunda polarización social sobre el modelo de Estado. De hecho, el drama es que la continuidad del modelo autonómico actual es la opción menos con menos apoyo; cinco puntos más (hasta el 31,7 %) tiene la alternativa de un modelo que dé a las comunidades autónomas más competencias o que incluso reconozca su derecho a la independencia; y la opción con mayor respaldo de las tres (un 38,9 %) es la de quienes quieren autonomías con menos poder o incluso que sean suprimidas.

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La crisis del modelo autonómico es ya el elefante en la habitación del debate político en nuestro país. Se discute mucho, se dan muchos titulares, pero no hay forma de abrir un diálogo constructivo y sereno sobre lo que está pasando. El problema es que no hacerlo puede empeorar la situación. En octubre, más de la mitad de los españoles (55,7 %) se mostraban de acuerdo en que España necesita un Gobierno central más fuerte porque la transferencia de competencias a las autonomías “ha ido demasiado lejos”.

No es posible ignorar la pérdida de legitimidad social que el modelo autonómico padece desde hace tiempo. Pero tampoco se puede minimizar el riesgo de hacer imposible una solución si el problema se plantea simplemente como una confrontación entre territorios para conseguir una mayor financiación. España ya ha fracasado otras veces en esta tarea y con pésimas consecuencias. El modelo constitucional no era perfecto, pero demostró que hace más bien al interés general el consenso que un perfecto diseño institucional. Entonces el debate era cuánta autonomía y para cuántos. Hoy es más complicado. Unos quieren más y otros menos. Harán falta toneladas de pedagogía, de respetuoso diálogo democrático y de lecciones de historia para encontrar una salida. Aunque nada de ello nos parezca hoy factible.