El Gobierno ha conseguido finalmente, tras días de tensión, sacar adelante la votación de la reforma fiscal. Lo ha hecho con 178 votos a favor frente a 171 en contra. Para aprobar esta norma, ha sido indispensable el acuerdo que ha alcanzado este jueves, in extremis, con Podemos, con el que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas. La ley ha sido aprobada sin el voto del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, que no ha acudido a la sesión. La ley del impuesto a las multinacionales que impone la Unión Europea, en la que se ha añadido parte del paquete fiscal que el Gobierno había anunciado, ha llegado este jueves por la mañana a sus últimas votaciones en el Congreso con varios detalles de su articulado en el aire y con la amenaza de Podemos de votar en contra y tumbar el proyecto. El PSOE había apostado por agotar el margen de negociación «hasta el último minuto» y así ha sido. Finalmente, han llegado a un acuerdo y la formación morada ha confirmado que votarían favorablemente, lo ha permitido salvar el texto. La norma tuvo que superar, a principios de semana, su trámite en la Comisión de Hacienda, que hubo que prolongar más de siete horas para asegurar apoyos. Para conseguir que el texto se aprobara en comisión, al PSOE no le quedó otra que prometer a ERC, BNG y EH Bildu intentar aprobar el impuesto a la banca en el pleno de este jueves mediante una enmienda transaccional de PSOE y Junts que se rechazó en la comisión; así como prorrogar vía decreto un año el tributo a las energéticas, a pesar de que previamente había pactado con Junts dejarlo morir el 31 de diciembre. El acuerdo al que se ha llegado supone, según fuentes de la negociación, «el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas». «Con ese objetivo», sostienen, «en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto». «Si no se consiguiera ese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno aprobará un Real Decreto Ley con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para 2025», insisten. «En cualquier caso, esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre». «La complejidad técnica de este impuesto y la necesidad de hacer un análisis riguroso de esta figura tributaria hace necesario seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector», apuntan. El voto en contra de Podemos habría provocado un empate a 175 votos entre el bloque de investidura, por un lado, y PP, Vox, UPN y Podemos, por el otro. Si esto se hubiera llegado a producir hasta en tres ocasiones, haría decaer la ley, según lo establecido en el artículo 88.1 del reglamento del Congreso. Por eso era tan fundamental conseguir el sí de los morados, especialmente, tras caerse también el voto de Ábalos. «Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda, y si persistiere aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación, y si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición que se trate», reza el artículo. Desde EH Bildu se comprometen a seguir negociando y trabajando «para lograr que las empresas energéticas sigan pagando lo que les corresponde»: «Nos alegramos de que finalmente todas las fuerzas de izquierdas se hayan sumado al acuerdo que alcanzamos el lunes con el Gobierno español», han señalado. PNV, por su parte, lamentan que nadie haya hablado con ellos sobre lo acordado entre PSOE y Podemos: «El PNV verá cuando se cree esa comisión negociadora que al parecer han pactado PSOE y Podemos cuál es la posición que fija en base a la propuesta impositiva que se haga y a la posterior negociación».