Acuerdo "in extremis" en la Cumbre del clima de Bakú: los más ricos entregarán 300.000 millones en 2035 a los países en desarrollo

El nuevo compromiso de los países ricos es dar 300.000 millones de dólares en el 2035 a las naciones en desarrollo para que se ésta puedan adaptarse y pagar los graves impactos negativos del cambio climático. Los países más pobres pedían casi el doble: 500.000 millones, pero, después de 14 días de negociaciones en Bakú, al final, han aceptado esta nueva oferta y asó consta en el texto del acuerdo que finalmente ha sido aprobado en esta cumbre del clima, la número ya 29. Pero los grupos ecologistas afirman que este dinero es totalmente insuficiente y, además, se necesitan más medidas, como denuncia desde Bakú, Pedro Zorrilla, delegado de Greenpeace. Este nuevo «pacto» pretende reemplazar el compromiso anterior de los países desarrollados de proporcionar 100.000 millones de dólares en financiación climática para las naciones más pobres por año, que se aprobó hace 15 años en la Cumbre de Copenhague, pero que no se ha aplicado hasta el 2022 y expira en el 2025. Además, y después de dos semanas de negociaciones, en Bakú se ha aprobado también el mercado de carbono, un sistema muy polémico porque permite a las empresas consumir más petróleo si invierten, por ejemplo, en energías renovables en países en desarrollo. Los delegados, periodistas y público, presentes en la gigantesca sala donde se celebraba el plenario, rompió en aplausos y ovaciones cuando el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, bajó el martillo sobre el acuerdo financiero que suponía el fin a una jornada maratoniana que se había extendido más de 32 horas del cierre previsto de la cumbre. Más de 24 horas después de su clausura, la cumbre de Bakú cerró el acuerdo con el que los estados pudientes se comprometieron a asumir una parte de la factura que la transición ecológica y la adaptación climática comporta para los países del Sur Global, que son los menos responsables históricos del calentamiento global y, al mismo tiempo, los que más sufren sus consecuencias. El texto reitera una de las demandas que estos estados con menos recursos llevan años manifestando en estos foros: la reforma de la arquitectura financiera internacional. Los países señalan que ésta deberá «abordar los obstáculos» a los que se enfrenta el mundo en desarrollo a la hora de acceder a la financiación climática, eliminando por ejemplo las barreras y los elevados costes de capital, las limitaciones fiscales, los «niveles insostenibles de deuda» o los altos costes de transacción. Reconoce asimismo la necesidad especial de acercar «recursos públicos, subvenciones y financiación en condiciones muy favorables, en particular para la adaptación y la respuesta a los daños y perjuicios» del cambio climático en los países «menos adelantados» y en «los pequeños estados insulares en desarrollo». Las partes reafirman el principio del Acuerdo de París que hace referencia a las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países en la crisis climática: los considerados «desarrollados» –pudientes– emiten más gases de efecto invernadero que los llamados «en desarrollo», y por tanto las partes consideran que deben asumir buena parte de la factura. El grupo de economistas de alto nivel al que la ONU encargó un informe sobre financiación climática cifró en 2,4 billones de dólares anuales el coste de la transición y adaptación climática en el mundo en desarrollo para 2030, pero calculó que, de esa cantidad, 1,4 billones podrán aportarlos los países del Sur Global de sus propios bolsillos, mientras que el billón restante deberá provenir de financiación externa. Mediante la nueva meta global de financiación climática fijada en Bakú, los estados ricos se comprometieron a movilizar en total 1,3 billones de dólares anuales para 2035 pero con una primera capa asegurada, de 300.000 millones. El monto mayor es el que sugirieron los países en desarrollo en los primeros días de la COP29, si bien lo pedían para 2030, pero la capa central del objetivo queda aún lejos de los 500.000 millones de dólares que exigieron. Esa capa, también llamada «corazón» del objetivo, estará compuesta de «una amplia variedad de fuentes», públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, según el acuerdo. Se invita por otro lado a que las partes puedan contabilizar voluntariamente como financiación climática los fondos que provienen de bancos multilaterales de desarrollo, cuyos donantes no son exclusivamente los países ricos sino que también participan los estados considerados en desarrollo. Las categorías «desarrollados» y «en desarrollo» responden a una clasificación que data de 1992, año en que nació la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, producto de la Cumbre de la Tierra en Río de Janerio. Pero ahora, 32 años después, países desarrollados como Estados Unidos o la Unión Europea arguyen que el mundo ha cambiado, y ya no pueden considerarse en desarrollo, por ejemplo, China, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. Pero el texto acordado en Bakú «alienta» a los países en desarrollo a que hagan contribuciones «voluntarias» para alimentar la financiación climática de 1,3 billones anuales dirigidos hacia países del Sur Global. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha celebrado «con satisfacción » este domingo el acuerdo «in extremis» alcanzado por la COP29. «Marca una nueva era para la cooperación y la financiación climática». «Impulsará inversiones en la transición limpia, reduciendo las emisiones y creando resiliencia al cambio climático. La UE seguirá liderando la situación y centrando su apoyo en los más vulnerables», ha añadido, en un mensaje difundido a través de X.

Acuerdo "in extremis" en la Cumbre del clima de Bakú: los más ricos entregarán 300.000 millones en 2035 a los países en desarrollo

Los países ricos pactan entregar 300.000 millones de dólares a las naciones más pobres y vulnerables al cambio climático

Javier Gregori

Webs de PRISA