Una docena de juristas e intelectuales se querellan contra el rey emérito en el Supremo por cinco delitos de fraude fiscal agravado

Madrid

Una docena de juristas e intelectuales han presentado una querella ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo contra el Rey Emérito, Juan Carlos I. Entre sus impulsores figuran el expresidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger; el exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, el que fuera jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; la viuda de José Saramago, Pilar Sánchez, o los filósofos Josep Ramoneda y Santiago Alba. Todos ejercen la acusación popular y reclaman al alto tribunal una fianza de un euro porque, dicen, "solo tenemos el propósito de potenciar el valor superior de la justicia, los principios generales del Estado de derecho y en este caso, la igualdad ante la ley".

La querella busca forzar a la sala de lo penal del Tribunal Supremo a que se pronuncie sobre si la regularización fiscal del rey emérito se ajustó o no a la legalidad vigente, ya que es el único tribunal que puede investigar y, en su caso, enjuiciar al aforado a quien acusan de cinco delitos de fraude fiscal en su modalidad agravada cometidos en los ejercicios fiscales comprendidos entre 2014 y 2018. El documento considera que esa regularización de más de 600.000 euros primero y de 4,4 millones de euros después no debió permitirse porque Juan Carlos I había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Por lo tanto, subrayan, no se trató de una regularización espontánea, como argumentó la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar en marzo de 2022 las diligencias que abrió en 2020. Investigaciones por el uso de tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause por parte del rey honorífico y alguno de sus nietos, así como por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca y por la existencia de sociedades en paraísos fiscales. A las que hay que sumar a la Fundación Zagatka, vinculada a su primo Álvaro de Orleans, que sufragó gastos por viajes y servicios realizados por el rey emérito.

Los impulsores aseguran a la Cadena SER que presentan ahora esta querella, después de haber mantenido muchas conversaciones sobre este asunto y de haberlo suspendido en 2023 para no influir en el calendario electoral. El pasado mes de junio decidieron trabajar en la querella que presentan ahora y en la que se puede leer que "nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que existen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no solo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso la Jefatura del Estado. Evidentemente, existe un interés general en que conductas de una inequívoca relevancia penal, como se desprende del informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sean depuradas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Por eso, piden a la sala que ordene una batería de diligencias. Entre ellas la de citar a declarar al Rey Emérito.

El precedente de 2021

En febrero de 2021, el Tribunal Supremo inadmitió las querellas de Izquierda Unida y Omnium Cultural por el presunto fraude fiscal del padre de Felipe VI. La sala dijo entonces que las querellas reproducían básicamente el contenido de informaciones de prensa, y que para abrir una causa penal se precisa algo más, ya que “con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito”.

Ana Redondo, ministra: ""Ser patriota es pagar impuestos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha referido en TVE a esta querella.

"Respetar, como no puede ser de otra manera, las investigaciones que se están produciendo. La aplicación de la ley se aplicará en su momento, en la dimensión que tenga que ser, pero una consideración general. Ser patriota es pagar impuestos porque son la cara de la moneda de los derechos y no podemos avanzar en los derechos como tal sin una fiscalidad justa que todos asumamos y todos compartamos. Por lo tanto, ser demócrata y ser patriota es pagar los impuestos", ha explicado.