"Es una cuestión de principios": un experto hace la pregunta clave sobre la cobertura de Muface para los funcionarios

El futuro de la cobertura privada de salud que ofrece Muface a 1,5 millones de funcionarios de nuestro país y a sus familias está en el aire después de que el ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García plantease la incorporación de este grupo de trabajadores al sistema público en tan solo nueve meses. La decisión llega porque el concurso de Muface ha quedado desierto después de que las aseguradoras privadas (ASISA, ADESLAS y DKV) hayan considerado insuficiente la financiación del Gobierno, amenazando con parar su asistencia sanitaria a los funcionarios.

Mientras el ministerio de Transformación Digital y la Función Pública con el socialista Óscar López al frente, del que depende directamente Muface, trata de mantener a flote el contrato con las entidades concertadas, la cartera de Mónica García lucha por acabar con el mismo. Desde Sanidad insisten en que no es un modelo sostenible, apoyándose en que la mayoría de mutualistas es una población envejecida. Este duelo entre las competencias del Ejecutivo pone en duda el futuro de este modelo concertado que lleva en funcionamiento desde tiempos del franquismo.

En Código de Barras, han querido reflexionar sobre el futuro de Muface y lo han hecho con la participación de Juan Oliva, profesor del Departamento de Análisis Económico y del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla -La Mancha. Desde su punto de vista, el sistema de Muface es "una anomalía de nuestro sistema sanitario" y pone en duda el sentido de que los funcionarios cuenten con este derecho a elegir entro dos medios diferentes.

Y es que bajo el amparo de este modelo, los funcionarios pueden elegir entre la sanidad pública o el aseguramiento privado a través de una de las entidades concertadas al inicio de cada año. "Yo lo trasladaría a una cuestión de principios. Si el sistema es tan bueno, tendríamos que pensar por qué no se generaliza a toda la población", reflexiona el experto. Para Oliva, lo lógico, en caso de no estar dispuestos a dar ese paso, sería que los funcionarios pasaran, con el tiempo, a formar parte del sistema público de salud, "en igualdad de condiciones al resto de la población".

"Los funcionarios tienen la ventaja de libertad de elección, sobre todo porque tienen una opción a cambio. En enero de cada año, deciden si se suman al sistema generalista o si pasan a la provisión privada. Quizás si no tuvieran esta opción a elegir o esta opción no fuera anual, eso no sería visto como una ventaja o un privilegio. Pero más allá, me remito a hablar de una reminiscencia del pasado que hemos arrastrado hasta este momento y que, aludiendo a causas objetivas, tiene poca justificación", sentencia Oliva.