"Podría suponer problemas adicionales": las consecuencias inmediatas de acabar con Muface para la sanidad pública

De los casi 3 millones de empleados públicos de nuestro país, en torno a 1,5 millones son mutualistas de Muface, ese modelo concertado que ofrece asistencia sanitaria y social desde su creación en 1975. Muface ofrece a los funcionarios la posibilidad de elegir anualmente si acogerse al sistema público de salud o la cobertura privada a través de entidades privadas concertadas (ASISA, ADESLAS y DKV).

En las últimas semanas, una nueva crisis amenaza el futuro de la mutualidad después de que las tres aseguradoras dejaran desierta el concurso del modelo concertado para empleados públicos, denunciando que la oferta del Estado para aumentar la financiación un 17% resulta insuficiente. Paralelamente, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un plan para absorber a este 1,5 millones de funcionarios en la Seguridad Social en nueve meses, sosteniendo que Muface es un "modelo insostenible".

En Código de Barras, hablamos con Juan Oliva, profesor del Departamento de Análisis Económico y del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre la viabilidad de este modelo y la capacidad de la Sanidad Pública de absorber a estos nuevos pacientes. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que nuestro sistema nacional de salud está preparado para asumir la ola de nuevos pacientes, pero Oliva insiste en la importancia de analizar las consecuencias tanto a corto como a largo plazo.

En términos relativos, ese 1,5 millones de funcionarios supondría la absorción del 2% de la población, lo que, a priori, no parece un gran cambio, puede tener grandes implicaciones en un sistema sanitario ya saturado. "Estamos en una situación donde la lista de espera quirúrgica engloba 850.000 pacientes, de los cuales, un 20% ya lleva más de seis meses en tiempos de espera. Pero es que si nos vamos a las consultas externas estamos hablando de demoras de 94 días, más del 50% de los pacientes en tiempo de espera de dos meses", explicaba Juan Oliva.

Para el experto en economía y salud, a corto plazo, incorporar ese 1,5 millones de personas al sistema de Salud Pública puede "suponer problemas adicionales", especialmente para las comunidades autónomas. "Nos podríamos encontrar con la paradoja que sería que, ahora mismo, si ese 2% entrara dentro del sistema, al final la prestación sanitaria depende de las comunidades autónomas. Muy probablemente, nos encontraríamos con un crecimiento de los convenios entre las aseguradoras públicas con proveedores privados para tratar de aliviar este aumento de la demanda asistencial", reconocía. No obstante, Oliva se muestra más optimista analizando un escenario a medio o largo plazo, viéndolo como un cambio "asumible".