El PSOE ha acordado en su 41º Congreso Federal una propuesta de reforma del modelo de financiación lo suficientemente ambigua como para contentar a todas sus federaciones. Los socialistas han acordado mantener en su ponencia el reconocimiento de las singularidades pero también se garantiza que la financiación autonómica se tendrá que negociar de forma multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El PSC entiende que esta fórmula avala el pacto con ERC, y las comunidades más críticas, como Castilla-La Mancha, aseguran que ha logrado garantizar «la igualdad de todos los españoles», según fuentes de las diferentes federaciones. En la ponencia no se hace ningún tipo de referencia al acuerdo que el Gobierno cerró con ERC en verano para investir presidente al líder del PSC, Salvador Illa, pero los catalanes entienden que el acuerdo salvaguarda la singularidad que se comprometió. Y al mismo tiempo, en Castilla-La Mancha se interpreta que el acuerdo blinda la igualdad de todos los territorios, tanto en el reparto de recursos, como a la hora de negociar el futuro sistema. En concreto, en el texto que se ha pactado, el PSOE asegura que «la reforma del Sistema de Financiación Autonómica deberá garantizar mayores recursos para todas las Comunidades Autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva». «Necesitamos un sistema que asegure recursos suficientes para que todas las comunidades puedan cubrir sus competencias y que lo hagan de forma equitativa, ya que actualmente persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado para financiar los mismos servicios públicos. El objetivo es conseguir que los ciudadanos residentes en distintas comunidades autónomas tengan acceso al mismo nivel de servicios públicos», asegura el PSOE en el texto acordado, en otro de los párrafos que las federaciones más distantes han logrado consensuar para evitar el choque. Los socialistas han rechazado sustituir en su documento ideológico el acrónimo LGBTI por LGTBIQ+, evitando incluir así a las personas queer y a las que no se sienten representadas por esas siglas y se engloban en el paraguas «plus» como las no binarias, las asexuales o pansexuales. La Comisión de Igualdad, en la que se ha tomado esta decisión, ha sido la que más debate ha generado. Ha terminado más tarde, incluso, que la que abordaba la financiación autonómica. Al finalizar la votación, algunas socialistas han celebrado la decisión al grito de «viva la lucha de las mujeres». En realidad, lo que han decidido es mantener el acrónimo en su ideario tal y como estaba, manteniendo el LGTBI, una reivindicación de las llamadas «feministas clásicas» del PSOE. Esa corriente ha logrado, además, sacar adelante otra enmienda que rechaza la participación de las personas trans en las categorías deportivas femeninas. Asimismo, el PSOE ha acordado este sábado también blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, además del matrimonio homosexual, la interrupción voluntaria del embarazo, la paridad de género en las instituciones o la vivienda protegida, que ya se contemplaba en el texto original de la ponencia que propuso hace un mes la dirección federal a los territorios. «Los consensos construidos durante años por las mayorías de nuestro país no pueden estar al albur de la agenda regresiva de unos pocos. Por eso, incluiremos en la Constitución la revalorización de las pensiones, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y la paridad de género como principio rector en las instituciones. También situaremos el acceso a la sanidad pública universal al mismo nivel jurídico que el derecho a la educación, bloqueando cualquier intento de privatización del Sistema Nacional de Salud y de los diversos sistemas autonómicos, blindaremos la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública, incluiremos en la Constitución el derecho a la seguridad climática y al agua potable, y el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta saludable y sostenible», asegura el PSOE. Los socialistas se marcan en concreto cuatro grandes retos que afrontar: desarrollar un patrón de crecimiento distinto, la emergencia climática, la transformación del orden global y el auge de los valores autoritarios y de la internacional ultra. «Estos son los cuatro grandes retos a los que el nuevo PSOE debe dar respuesta. De nuestra capacidad para hacerlo dependerá el porvenir de la izquierda, no solo de España, sino de toda Europa», defienden, porque, según explican, «España ya no puede copiar, porque está a la vanguardia de la socialdemocracia europea». «Es uno de sus principales baluartes y referentes. Uno de los laboratorios más exitosos de generar progreso. Esta posición de liderazgo implica una gran responsabilidad», insisten. La ponencia incluye también varias medidas para hacer frente a la emergencia climática. Los socialistas han acordado este sábado porponer la creación de un «Consejo Científico y Ambiental», como órgano consultivo del Gobierno en materia científica y ambiental. También se comprometen a establecer un Fondo de Resiliencia frente a la Justicia Climática, para proteger a aquellas personas y comunidades más vulnerables, en especial en el medio rural y litoral, y promover una transición ecológica justa en todas las actividades económicas a los efectos directos del cambio climático. «En los próximos años, el cambio climático alterará gravemente nuestros patrones meteorológicos y ecosistemas. Si no hacemos nada, las sequías, incendios, DANAS e inundaciones se volverán más frecuentes y destructivas. El agua escaseará en muchos territorios», avisa el PSOE en su texto. En la ponencia también destacan medidas como la creación de un «escaño ciudadano» en el Congreso de los Diputados y en el Senado como espacio de participación directa de la ciudadanía. Explican que este escaño no tendrá un titular permanente ni derecho a voto, pero sí podrá ser usado por distintos representantes de la sociedad civil para plantear iniciativas parlamentarias. En materia de vivienda, plantean prohibir la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en aquellas zonas de alta demanda. Y además, propone crear una Ayuda Universal para la Ciudadanía que integre todas las prestaciones no contributivas del sistema (IMV, desempleo, becas, ayudas a familias, etc.) en un mecanismo único que permitirá agilizar y simplificar los trámites, ahorrar costes, y asegurar que todos y todas reciban las ayudas que les corresponden. Además, se comprometen a obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados y empleadas: reemplazaremos el actual esquema de políticas activas de empleo por un sistema integrado de formación continua; aumentar la lucha contra la evasión fiscal de los megarricos y establecer un tipo marginal mínimo del 50% en la tarifa general del IRPF a partir de los 300.000 euros anuales;