Bélgica regula la prostitución como una actividad profesional más: tendrán derecho a vacaciones, bajas y pensiones

Bruselas

Bélgica se pone al frente de los países que apuestan por el modelo "regulacionista" de la prostitución. A pesar de que fue despenalizada en 2022 (convirtiéndose en el segundo país del mundo en hacerlo tras Nueva Zelanda) la prostitución se ejercía en una especie de zona gris o limbo legal. No se perseguía, pero tampoco había un reconocimiento explícito de esta actividad.

Lo que implicaba que la mayoría de trabajadoras sexuales (utilizamos el femenino porque en Bélgica el 90% de las trabajadoras sexuales son mujeres) lo hacían con contratos de camarera o masajista. Y las que trabajaban por cuenta ajena, no tenían ningún tipo derecho laboral. Y aunque hay otros países europeos donde la prostitución está legalizada, como Países Bajos o Alemania, que están a la cabeza de ese modelo llamado "regulacionista", Bélgica se convierte desde este lunes en el país más garantista del mundo para las trabajadores sexuales. El que más derechos recoge para este colectivo. Al menos es lo que defienden los partidarios y partidarias de esta ley. Porque desde ahora se reconoce su actividad como una actividad profesional más, y tendrán por tanto un contrato de trabajo. Lo que implica que tienen cotizarán por las horas trabajadas, y tendrán derecho a derecho a vacaciones, paro, bajas y pensiones.

Podrán trabajar como autónomas y como asalariadas

La nueva ley, que acaba de entrar en vigor, ofrece trabajar por cuenta ajena o bien como asalariadas. En el primer caso, se ha creado un estatuto para las trabajadoras sexuales para que puedan realizar su actividad por cuenta ajena. En el segundo caso, la ley contempla despenalizar ciertas de formas de proxenetismo, que pasan a estar reguladas.

Se crea para ello un estatuto del proxeneta, que implica que el estado exigirá una serie de condiciones para la persona contrate a trabajadoras sexuales en un local: el estado, la administración, le exigirá en primer lugar los antecedentes penales, se crea una autorización específica para este tipo de locales, y se obliga a que se garantice la higiene del local, ropa de sábanas limpias, preservativos y controles médicos para las trabajadoras.

Además, el proxeneta debe respetar un derecho de las trabajadoras que es central en la norma: su derecho a rechazar a un cliente y a interrumpir el acto sexual en cualquier momento que ella lo decida. También tienen el derecho reconocido a poner sus propias condiciones, sus propias normas durante la actividad sexual con el cliente. Y si el cliente no cumple, las habitaciones tienen por ley la obligación de tener una especie de "botón de emergencia" para que la trabajadora lo pulse en el caso de que no se estén cumpliendo sus derechos. Algo muy aplaudido por las defensoras de la norma y las organizaciones de trabajadoras sexuales que han participado participado en la redacción de la ley.

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Pero también hay muchas voces detractoras: varias organizaciones feministas y de derechos humanos consideran que la ley supone en la práctica dar cobertura legal a la explotación de la mujer y que la mayoría de mujeres lo que quieren es acceder a otro tipo de trabajo, no que se regule una actividad que se ven obligadas a desarrollar por falta de recurso o ante la falta de acceso a otro tipo de profesiones. Varias asociaciones detractoras lanzan preguntas muy concretas: ¿Qué ocurre para las mujeres que no tienen papeles que están en situación irregular? ¿Qué ocurre con las mujeres que ejercen la prostitución en la calle de forma clandestina? Para los críticos de la ley, no se solucionará la trata de mujeres.