El Gobierno central, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta se reúnen este jueves después de casi dos meses de negociaciones suspendidas para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de menores migrantes. Con los recursos de acogida de Canarias y de Ceuta saturados desde hace meses, el reparto de esos menores entre comunidades autónomas sigue sobre la mesa tras el fracaso de la iniciativa legal para reformar la ley de extranjería y hacer obligatoria la participación de las autonomías por el voto en contra del PP y de Junts. El ministro de Política Territorial y responsable de la comisión interministerial sobre Inmigración, Ángel Víctor Torres, acude a la reunión convencido de que «la única respuesta posible» al actual bloqueo es el cambio del artículo 35 de la ley de extranjería para que la acogida en las comunidades autónomas pase a ser obligatoria. El Gobierno sostiene que ha cumplido todas las condiciones que puso el PP para que esa reforma legal se debatiera en el Congreso y que cuenta con el respaldo de Canarias y de Ceuta, pese a lo cual no fue posible el pasado verano por el rechazo de los populares y de Junts, por lo que confía en que ahora la respuesta sea positiva. «La decisión es la siguiente y es muy sencilla. ¿Quiere el Partido Popular que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria y obligatoria y además justa entre el conjunto del país, es decir, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas? ¿Sí o no?», manifestó este miércoles el ministro. El Partido Popular llega a esta reunión sin moverse de su posición inicial, contenida en el acuerdo firmado entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Y, según las fuentes consultadas, esa posición no la mueve el órdago lanzado por Vox de suspender las negociaciones para los presupuestos autonómicos hasta que el PP no se desmarque de un posible acuerdo migratorio. Los populares mantienen, como han hecho durante los dos meses en los que el diálogo quedó en suspenso, que es el Gobierno quien debe moverse, aunque dudan de que el Ejecutivo quiera alcanzar realmente un acuerdo y se sientan en la mesa en señal de respeto a Canarias o a Ceuta. Las exigencias del PP, que representan también a las comunidades autónomas donde gobierna esta formación, incluyen distribuir a los menores migrantes no acompañados entre los países comunitarios o desplegar Frontex en la isla del Hierro, además de un incremento de recursos para la acogida. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha suspendido el viaje de dos días que tenía previsto esta semana a Senegal para centrarse en los preparativos de esta reunión, ya que sigue dispuesto a facilitar un acuerdo que se pueda llevar dentro de una semana a la Conferencia de Presidentes para que lo discutan y validen las demás comunidades autónomas. En las últimas horas, en el Gobierno canario han preferido no hacer ningún comentario para no interferir en las negociaciones, a las que el PP retorna, entre otros motivos, a petición suya. Solo han reiterado que, si el acuerdo no es posible, Clavijo trasladará su propia propuesta a la Conferencia de Presidentes de Santander, con los criterios que en Canarias respaldan todos los partidos políticos parlamentarios, con la única salvedad de Vox. Canarias tutela en este momento a más de 5.400 menores en 86 centros, una cifra que supera en 300 % su capacidad. La comunidad calcula en 160 millones de euros el gasto que ha afrontado en lo que va de año en la acogida de todos estos niños y adolescentes, computando no solo su manutención y alojamiento, sino también educación, sanidad y asistencia jurídica El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, considera necesaria la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para que los territorios receptores de esta inmigración infantil puedan derivar menores a otras autonomías y que se haga un reparto justo y equitativo, apelando a la solidaridad interterritorial Vivas explica que confía en que se alcance un acuerdo y se logre un consenso para la modificación del artículo 35 de la ley, a la que de momento se opone su partido. En Ceuta hay actualmente 428 menores acogidos, una ocupación del 386 por ciento de la capacidad total de los recursos de la ciudad autónoma.