Un hangar del aeropuerto de Bogotá acumula 20.000 cuerpos sin identificar: la ONU advierte sobre las desapariciones forzadas

Madrid

La desaparición forzada sigue siendo una realidad terrible en Colombia, con decenas de miles de víctimas desaparecidas y familias sumidas en la desesperación a pesar de décadas de esfuerzos para poner fin a este delito. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó su visita al país destacando las deficiencias sistémicas, como la fragmentación de los marcos jurídicos, las ineficiencias institucionales y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas.

La delegación visitó cinco centros de detención y acompañó operaciones en cementerios repletos de cadáveres no identificados y en un crematorio. "Aunque las desapariciones forzadas comenzaron en Colombia alrededor de la década de 1940, no son solo un delito del pasado. Continúan ocurriendo a diario en todo el país en diversas circunstancias", declararon desde la delegación.

Miles de cadáveres no identificados yacen en cementerios o instalaciones de almacenamiento mal gestionados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cadáveres no identificados.

Las conclusiones preliminares de la delegación pintaron un panorama sombrío. La desaparición forzada afecta a todos los grupos etarios y demográficos, afectando a niños, niñas y adolescentes, líderes sociales, migrantes, periodistas, combatientes desmovilizados y docentes, entre otros. Los casos de reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado y migración, así como las desapariciones vinculadas a las protestas sociales, son particularmente alarmantes.

Las familias de las personas desaparecidas a menudo se enfrentan a obstáculos insuperables a la hora de buscar ayuda debido al complejo marco legal e institucional. Una de las víctimas compartió la frustración con la delegación: "No sabemos a dónde acudir. Carecemos de la información y los conocimientos necesarios para ejercer nuestros derechos. Con frecuencia, las autoridades dan respuestas confusas y parece que no quieren hablar de nuestra situación. Estamos tironeados de una institución a otra, sin un final a la vista".

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Para empeorar la situación, estas instituciones a menudo trabajan en silos, dejando a las víctimas atrapadas en callejones sin salida burocráticos. Los funcionarios admitieron que las reuniones de coordinación, si bien son numerosas, rara vez resultan en acciones concretas: "Nos reunimos, y nos reunimos más", dijo un funcionario a la delegación. "Pero hay tantas mesas redondas que nos quedan dos opciones: no ir o no hacer nuestro trabajo básico".

La ausencia de un registro centralizado y confiable de personas desaparecidas agrava el problema. Las cifras comunicadas al Comité oscilan entre 98.000 y 200.000. Las discrepancias entre los registros institucionales hacen imposible determinar el verdadero alcance. El temor a las represalias y la falta de confianza en las autoridades desalientan aún más la denuncia, especialmente en las zonas controladas por grupos armados y la delincuencia organizada. Las víctimas de comunidades marginadas, como los migrantes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas LGBTQ+, se enfrentan a un idioma geográfico adicional y a otros obstáculos discriminatorios.