El Gobierno aprueba la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica como un "cambio de paradigma"
"Marca un antes y un después", ha explicado el ministro Hereu
El Gobierno ha aprobado este martes un par de normas que pretenden convertir al Estado en jugador económico y no en mero espectador o cliente. Se trata de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica y supone un "cambio de paradigma" tras 32 años, ya que la legislación sectorial vigente en la actualidad se aprobó en el año 1992. "Hemos conseguido después de mucho debate y mucho diálogo poner en marcha esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha resaltado que el objetivo de esta nueva legislación es la reindustrialización, así como potenciar la autonomía estratégica de España. "La reindustrialización en Europa es una necesidad y es una enorme oportunidad para España, de manera que, en este contexto actual, la política industrial activa ha vuelto con fuerza para ocupar un espacio en la agenda política y pública", ha asegurado.
Lo más importante es la nueva ley de industria con la que el Ejecutivo podrá señalar y subvencionar los que determine como "inversiones de interés general para el país". La intención es renovar la ley de 1992 y lo que crea es un Consejo Estatal de Política Industrial y una figura nueva, la creación de los llamados "proyectos industriales estratégicos". Es decir, que podrá delimitar cuáles son los intereses generales, agilizar trámites para las empressa que trabajen en ellos o agilizar también ayudas públicas.
La norma contiene una salvaguarda importante para las empresas que reciban dinero público. Aquellas empresas que quieran cerrar su actividad industrial en nuestro país tendrán que:
- Notificarlo con nueve meses de antelación al Ejecutivo.
- Si ha recibido ayudas públicas superiores a seis millones de euros, tendrá que devolverlas.
La nueva Ley de Industria tiene una novedad final: crea en términos industriales lo que otros países hacen con el petróleo: crear una Reserva Estratégica, una Reserva Estratégica de Capacidades de Producción Industrial, RECAPI, un fondo de productos y de capacidades que pueden movilizarse con rapidez ante situaciones de crisis para combatir situaciones como la del COVID.
Esta idea de un estado emprendedor se va a aplicar también en otro texto que esta mañana pasa también al Consejo de Ministros: la estrategua para la industria farmacéutica hasta 2028. En este aspecto se trabaja en la misma dirección: que el Estado no sea mero cliente de las farmacéuticas, sin que pueda dictarles hasta líneas de investigación concretas.
El Plan pretende "terminar con la relación proveedor-cliente” a través de modelos de colaboración público-privada en las que el Estado podrá impulsar las líneas de investigación que interesan a España mediante la firma de “memorandos de trabajo” o contratos de colaboración con las grandes farmacéuticas, condicionando incluso ayudas públicas al seguimiento de ciertos dictados. España gasta a fecha de hoy 29.700 millones en fármacos. El Ejecutivo pretende jugar una carta en cómo esos medicamentos llegan al mercado.
Cambios en la gestión de los ensayos clínicos en la sanidad
Además, el Ejecutivo apuesta por ordenar los ensayos clínicos, es decir, las pruebas de ciertos medicamentos todavía no comercializados que se hacen con pacientes en clínicas de la sanidad española. España es el segundo país del mundo en que más ensayos clínicos se realizan. El Ejecutivo pretende:
- Reclamar la propiedad de los datos cuando los ensayos se hacen con pacientes del sistema público.
- Condicionar ciertas ayudas a la consecución de resultados en los tratamientos, reza el documento de estrategia.
¿El fin de los 'lobbies' farmecéuticos?
Por último, el documento pretende también terminar con los lobbies farmacéuticos y con las relaciones de presiones bilaterales de algunas marcas a los diferentes Ejecutivos creando un Comité de Seguimiento multilateral en la que todo el sector farmacéutico discutirá con los Sanidad, Hacienda, Industria y Ciencia e Innovación, que regule a una industria farmacéutica que genera en España 56.000 empleos directos y más de 270.000 indirectos. Fuentes del Ejecutivo describen ese documento como “las reglas de juego de la industria farmacéutica” desde ya y hasta 2028.
El término de "Estado emprendedor" no es casual. Es el término que acuñó una economista que se ha convertido en consultora del presidente Sánchez, Mariana Mazzucato, y que va a generar polémica entre los más conservadores porque lo que dice es que las empresas privadas hacen investigación privada, pero con infraestructuras públicas, con recursos públicos y reclama que el Estado tenga algo que decir e incluso algo que dictar y que no existe tal cosa como lo "solo privado".
