Los 27 rechazan proteger legalmente a las ONG que rescatan a migrantes para evitar que se las persiga de forma penal

Bruselas

Los 27 siguen apostando por endurecer las políticas migratorias. Este viernes, los ministros de Justicia tenían que fijar una posición común sobre una futura directiva para combatir el tráfico de personas migrantes. El texto propuesto, elaborado por la presidencia húngara, busca aproximar las legislaciones nacionales, que coincida lo más posible la definición y las sanciones al tráfico de migrantes que hace cada país.

Se propone elevar las penas, pero los 27 han rechazado incluir una cláusula humanitaria que dificulte que se pueda perseguir penalmente tanto a familiares como organizaciones humanitarias que presten asistencia a las personas migrantes. España se ha quedado sola defendiendo esta cláusula, que finalmente no aparece en el texto.

Solo se hace una mención en la exposición de motivos, pero ambigua: "Los estados no están obligados a perseguir penalmente a quienes ayuden a los migrantes por cuestiones humanitarias". Lo que abre la puerta a una amplia interpretación en cada una de las legislaciones.

Según informa el ministerio de Justicia, el ministro Bolaños explicó que la administración española mantendrá su apoyo total a estas organizaciones mientras intensifica la lucha contra las redes criminales dedicadas al tráfico de personas, defendiendo un enfoque migratorio basado en los derechos humanos y la seguridad fronteriza.

El debate es todavía embrionario, porque se tiene que negociar con el Parlamento, pero con una Eurocámara escorada a la derecha parece difícil que se suavice el contenido. Y en cualquier caso sirve de termómetro para medir el debate migratorio.