900.000 personas han muerto en lista de espera de la dependencia desde la aprobación de la ley, una cada 16 minutos este año
Un informe revela que 900.000 personas han fallecido en listas de espera de la dependencia en España desde 2006 y 3.699.078 han recibido atención
Eladia del Río, con 89 años, en su vivienda de Santa Cruz de Tenerife / Cadena SER
Madrid
Unas 900. 000 personas han fallecido en las listas de espera de la dependencia y 3.699.078 han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia desde la aprobación, el 14 de diciembre de 2006, de la Ley 19/2006 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal. Así lo desvela un informe publicado este lunes por el Observatorio Estatal de la Dependencia y según el cual este año han fallecido 33.096 personas en lista de espera, esto es 91 al día y una cada 16 minutos, tal y como precisó la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado en el que avanzó que, cuando termine este ejercicio, 1.644.518 personas tendrán reconocida su situación de dependencia y otras 136.954 estarán pendientes de valoración mientras 131.083 se encontrarán en el “limbo” de la dependencia, el 13%. Durante este 2024, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 y, según el informe, a este ritmo se tardarían cinco años en lograr la plena atención. En este contexto, la asociación subrayó que, 18 años después, “a pesar del avance que ha supuesto esta ley”, que valora como “una de las políticas de Estado de mayor consenso”, su “potencial sigue sin desarrollar”. “Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad” derivan en un “sistema low cost” que, para la entidad, resulta “poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”.
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Deficiente financiación
A ello hay que añadir, a su juicio, la “deficiente” financiación y las “desigualdades territoriales en su desarrollo”. “Por ello, ante los anuncios de aprobar una nueva ley, consideramos de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años”, sentenció, en referencia a la reforma prevista por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy.
Con respecto a la “radiografía” de la norma actual, según sus cálculos, de las 33.096 personas que fallecieron este año, 16.127 estaban pendientes de resolución de grado y 16.969 murieron sin haber podido ejercer sus derechos y, desde 2017, el número de personas fallecidas en las listas de espera asciende a 385.436 días. Asimismo, 291.649 personas estarán “desatendidas” en diciembre de este año, sumando las que se encuentran en el “limbo” (131.083), las pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas con un Programa Individual de Atención (PIA) aprobado pero que aún no es efectivo (23.612, según datos a 31 de octubre). Por otra parte, 330 días es el tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia se superan los 12 meses y hasta el 64,2% de personas atendidas en sus domicilios no cuentan con teleasistencia.
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Acumulado hasta 2021
El informe también denuncia el recorte acumulado de 6.321 millones de euros tras el Real Decreto-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado y hasta 2021, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares. En 2023, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón vieron reducida la financiación estatal de la dependencia por haber certificado en 2022 un gasto inferior a la media de 2020-21 y recibieron menos cantidad de la que les hubiese correspondido si no hubiesen recortado sus presupuestos en años anteriores. En concreto, Cataluña recibió 25,7 millones menos; Castilla y León, 25 millones menos; Extremadura, 12,1 millones menos; Comunidad Valenciana, 9,1 millones menos; Murcia, 2,3 millones menos y Aragón, 1,5 millones menos. En dicho ejercicio, 11.521, 8 millones de euros (0,8% del PIB) fue la inversión pública en Atención a la Dependencia y el 39,5% es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiéndose duplicado desde el año 2021, aunque aún no llega al 50%.
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Plan de choque
El incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque, asciende a 3.644 millones de euros. En cuanto al gasto medio por persona “potencialmente dependiente” en España, este es de 1.378 euros, liderando la inversión La Rioja (1.825,37 euros) y Castilla-La Mancha (1.702,52), mientras que las comunidades que menos invierten son Galicia (848,32 euros) y Asturias (805,71 euros).
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“Resulta muy preocupante que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que, si en el año 2010 ascendía a 8.145 euros, 14 años después, a pesar del incremento de costes (IPC) de los servicios, esta cuantía se ha reducido a 5.982 euros, un 26,6% menos”, criticó la organización. El informe también señala que el 41,7% de la inversión en dependencia revierte nuevamente a las arcas públicas vía cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF o IVA y que en 2024 serán más de 3.550 millones.
Empleo en el sector
Por lo que respecta al empleo en el sector, el porcentaje de cuidadoras que están de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia es del 14,3%, un total de 77.230 personas y a finales de este año se habrán creado 355.833 empleos directos, teniendo en cuenta, además, que, por cada millón de euros de gasto público en atención a la dependencia se generan 40,8 empleos directos. A la luz de estos resultados, la asociación urgió al Gobierno de España y los gobiernos autonómicos a “acometer reformas que agilicen los trámites”. “Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”, resolvió.
