Detenidas cuatro personas en los registros a domicilios y empresas de Aldama por el caso del supuesto fraude en el impuesto de hidrocarburos

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en una nueva fase de la operación de la Guardia Civil contra la trama de hidrocarburos, que tiene a Víctor de Aldama en el epicentro. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha realizado varios registros en Madrid, Sevilla, Toledo y Zaragoza. En concreto, en Calatayud la UCO ha registrado un edificio que acoge la sede social de cuatro empresas de Luis Alberto Escolano Marín, socio de Aldama - también imputado caso Koldo-. Escolano es dueño Serma Elecom, compañía que según consta en el sumario pagó el alquiler mensual de la vivienda - 2.700 euros al mes- donde vivía a una de las parejas del exministro, José Luis Ábalos.

Entre las arrestadas también figura Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en comisiones en la sede del PSOE, pero fuentes de la investigación remarcan a la SER que su detención no guarda ninguna relación con ese supuesto pago en la sede socialista de Ferraz, ni con el caso Koldo. Su arresto se enmarca exclusivamente en una operación contra el blanqueo de capitales a través de varias empresas pantalla en terceros países con las que Aldama y sus socios se embolsaron, presuntamente, más de 182 millones de euros.

Entre los arrestados también se encuentra la hija de Carmen Pano - exnovia del propio Aldama- y otro empresario, el socio de Aldama, Carlos del Castillo, dueño de varias empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos. Según el registro consultado por la SER, Carlos del Castillo Recio figura como administrador de siete compañías, entre ellas Combustibles Lucinala SL y Combustibles Virila S.L, sociedades en las que la propia Carmen Pano figuró como apoderada hasta mayo de 2022.

Según ha informado la Guardia Civil a través de una nota, "esta organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude". Todo gracias a una "estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente".

Los agentes de la UCO han explotado esta operación por orden del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. La operación se ha realizado con Aldama en libertad desde hace casi un mes por orden del juez Santiago Pedraz. El propio Pedraz tomó la decisión porque no tenía otra opción, la Fiscalía Anticorrupción no pidió su ingreso en prisión, reclamó la puesta en libertad de Aldama con el argumento de que no había riesgo de destrucción de pruebas. Aldama ha tenido 26 días desde que recobró la libertad para destruir, manipular, o alterar esas pruebas que hoy busca con su registro el juez Pedraz.

La actuación de la UCO se ha producido en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el 'caso Koldo'. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.

Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.