La caída del régimen del presidente Bachar al Asad y el establecimiento de un nuevo gobierno interino en Siria ha movilizado a parte de la comunidad internacional, ya que algunos países han mantenido una primera reunión con las nuevas autoridades, otros han reabierto sus embajadas y algunos estudian levantarle las sanciones. En paralelo y con la intención de contentar a estos países, el nuevo ejecutivo sirio ha anunciado este martes que las distintas facciones rebeldes que se unieron para derrocar el régimen, cuyo origen estuvo en la provincia de Idlib, en el noroeste, «serán desmanteladas» para que sus combatientes sean «entrenados para integrar las filas del Ministerio de Defensa». «Todos quedarán sujetos a la ley», ha añadido Ahmed Sharaa, el líder de Hayat Tahrir El Sham (HTS). Por medio de su canal de Telegram, Sharaa (antes conocido como Abu Mohamed Al Julani) ha indicado que deben «tener una mentalidad de Estado, no una mentalidad de oposición» y ha tratado de ganarse la confianza de los países que posicionaron con al Asad en el pasado: «Siria debe permanecer unida y debe haber un contrato social entre el Estado y todas las comunidades [étnicas o religiosas] para garantizar la justicia social». De esta forma, el líder de HTS termina con uno de los grandes temores de la población civil siria, que es el reclutamiento militar obligatorio. La ley siria planteaba que podía durar hasta diez años y la única alternativa para evitarlo era por medio de un pago de miles de dólares. En este sentido, Sharaa también ha indicado que su objetivo de cara a los próximos días es desarmar a la población civil, para que así el futuro ejército tenga el monopolio de su uso. Sin embargo, esto puede ser visto por las minorías del país como un intento de debilitarles, por lo que deberán decidir si colaboran o no. Por otro lado, el derrocamiento de Al Asad abre la puerta a una transición política en Siria que ha generado una corriente optimista en el ámbito internacional, pero rodeada de muchos interrogantes, que la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este martes que afronta con «cauto optimismo». Durante un debate en el Parlamento Europeo, Kallas mostró su apoyo a una transición en Siria basada en «los principios clave» que respalda la UE, como «un proceso político inclusivo en manos de los sirios con el apoyo de las Naciones Unidas, respetuoso de todos los componentes de la sociedad», sin olvidar la lucha contra los yihadistas de Estado Islámico y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el régimen de Al Asad. Los pasos en el seno de los Veintisiete siguieron en esta jornada y Kallas anunció hoy que la Unión Europea reabrirá su delegación en Damasco, 13 años después de trasladarla a Beirut, en el Líbano, con el estallido de la guerra civil en 2011, si bien no es el primer organismo o país que anuncia esta medida. TTambién ha habido delegaciones de Francia, Alemania o Reino Unido que han viajado a Damasco. El cambio político conlleva también una revisión de las sanciones internacionales y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó este martes en Ankara que la UE considera levantar las sanciones impuestas a Siria durante el régimen de Al Asad, derrocado hace diez días, aunque «solo si hay una transición pacífica». Asimismo, confirmó que la UE prevé transferir mil millones de euros a Turquía este año, como parte de su apoyo al país para atender a los millones de refugiados sirios en su territorio. Por su parte, el nuevo líder de la administración siria, Ahmed al Sharaa, subrayó a la delegación británica que llegó anoche a Damasco la necesidad de restablecer las relaciones, rotas desde hace más de una década por su oposición al depuesto presidente Bachar al Asad, y levantar «todas las sanciones impuestas» a Siria para «construir un Estado de derecho e instituciones y de establecer la seguridad», informó este martes su oficina. Sobre esta cuestión, Estados Unidos dijo ayer estar abierto a levantar las sanciones económicas en Siria si mejora la situación en el país. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, detalló que «las sanciones nunca están pensadas para ser permanentes», sino que son «para intentar inducir cambios de comportamiento» y levantarlas si se lleva a cabo.