Begoña Gómez niega irregularidades en relación al software que la Complutense encargó para su cátedra

Madrid

Begoña Gómez ha entrado pasadas las 9:37 a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla en coche y por el garaje. Ha negado irregularidades en su actividad profesional. A la tercera fue la vencida y la mujer del presidente del Gobierno ha accedido a prestar declaración, aunque solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Antonio Camacho le ha formulado 35 preguntas que ha respondido de forma serena y tranquila, según fuentes jurídicas, para negar las acusaciones que sostienen los colectivos de ultraderecha.

Gómez ha explicado que desde 2012 estuvo vinculada a la Universidad Complutense y a la empresa Inmark y que nunca ha tenido nómina de Universidad. En ese contexto, en 2017, y antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, conoció a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, pero no podía incorporarse a esta escuela por los compromisos profesionales que había adquirido. Sin embargo, cuando cogió la excedencia voluntaria en Inmark, surgió la oportunidad del África Center y empezó en ese proyecto del Instituto de Empresa.

Apropiación indebida e intrusismo

Begoña Gómez estaba citada este miércoles para responder a las acusaciones de intrusismo y apropiación indebida que pesan sobre ella, después de que las acusaciones populares de ultraderecha ampliaran la querella inicial poniendo la sombra de sospecha en las gestiones que Gómez tuvo que realizar para tramitar un software gratuito sobre sostenibilidad para pymes.

La investigada ha aclarado que el proyecto nunca llegó a culminar y que no sabe en qué situación está porque la Universidad Complutense decidió suprimir la cátedra que codirigía. Ha explicado que todo se sufragó con financiación privada y que cualquier gestión que realizó sobre esta herramienta la hizo por cuenta de la universidad.

Entre otras funciones tuvo que registrar el dominio web para que nadie lo utilizara desde fuera de la Universidad Complutense o de la cátedra de transformación social competitiva que ella lideraba. Por cierto, una marca que, según ha explicado, ella registró con anterioridad a entrar a formar parte de la Universidad Complutense y que la puso al servicio de esta institución académica.

El software, ha concluido, era un proyecto tecnológico gratuito para pequeñas y medianas empresas y esta causa judicial ha provocado que se hayan pisoteado los derechos de profesores, empresas y alumnos que confiaron en este proyecto.

Negativa del juez

En ese software en el que trabajaron Indra, Telefónica y Google y nunca llegó a materializarse. La defensa de Begoña Gómez pidió el pasado 25 de noviembre al juez que citara a seis testigos de cara a esta declaración y aportó documentación, pero Juan Carlos Peinado se ha negado, por el momento, a admitir estos testimonios que buscan acreditar que todas las gestiones de la mujer del presidente del Gobierno sobre este software se hicieron por mandato de la Universidad Complutense y que los pasos que se dieron son exactamente los mismos que se han seguido en otras cátedras extraordinarias.

El próximo viernes y en relación a los trabajos de Gómez en la Universidad Complutense acude a declarar Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa asignada a Begoña Gómez que hizo gestiones en su nombre para pedir a los patrocinadores de su cátedra que continuaran en el proyecto. Álvarez entrará al juzgado como testigo una semana después de que el juez, a diferencia de lo que hizo con la defensa de Gómez, haya aceptado la práctica totalidad de las diligencias solicitadas por las acusaciones populares. Entre ellas, quiere saber cuántos asesores trabajan en Moncloa y qué funciones desempeñan.

Un denuncia "deslavazada"

Juan Carlos Peinado admitió a trámite una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias con recortes de prensa -alguno falso- el pasado mes de abril para abrir una causa que investiga toda la actividad profesional de Begoña Gómez. Empezó por dos contratos adjudicados al empresario y compañero de cátedra de Gómez en la Universidad Complutense, Juan Carlos Barrabés, que llevaban una treintena de cartas de recomendación, entre ellas, las de Gómez.

Después de que el caso pasara a la Fiscalía Europea, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación. El trabajo de Gómez en el África Center, dependiente de Globalia, o las formaciones que impartió en la Universidad Complutense. Líneas de investigación que le han llevado a interrogar al presidente del Gobierno, a pedir la lista de asesores de Moncloa o los movimientos bancarios de las cuentas de la investigada.

De esta forma, el juez ha dado forma a lo que dejó por escrito en el auto que resolvió el recurso de la defensa de Begoña Gómez en el que reclamaba aclarar por qué se le investigaba: por "todos los hechos, actos, comportamientos y conductas desde que su esposo es presidente del Gobierno y se contienen en la denuncia inicial".

Una denuncia inicial "deslavazada" que contenía datos "inverosímiles" o "conjeturas", según la Audiencia de Madrid, pero que lleva viva desde el pasado mes de abril y que dirige Juan Carlos Peinado al ritmo que le marcan titulares de prensa llevados cuidadosamente al juzgado por las acusaciones populares de ultraderecha. La UCO no ve delito y el fiscal no apoya la investigación.

De hecho, el Ministerio Público se entera de las diligencias que acuerda el juez incluso cuando se están produciendo. Diligencias que ordena mediante providencias sin dar tiempo a que los recursos de las partes puedan surtir efecto: cuando se han resuelto, la diligencia ya se ha practicado. A pesar de todo, la Audiencia de Madrid ha respaldado en dos ocasiones al juez y el Tribunal de Justicia de Madrid ha tumbado las querellas que han presentado contra Juan Carlos Peinado la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno y la propia Begoña Gómez.