El pleno del Poder Judicial avalará la reforma de la ley que entrega al Fiscal la investigación de las causas penales

MADRID

El Consejo General del Poder Judicial lleva al pleno de este miércoles el informe que avala la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que entrega la investigación penal a la Fiscalía y desplaza al magistrado a un papel de juez de garantías que vele por el respeto de los derechos fundamentales de las partes en el proceso. El documento que elaboró el órgano de gobierno de los jueces anterior apenas ha sufrido variaciones y, según vocales de uno y otro grupo, recibirá el apoyo mayoritario del Consejo. El informe subraya la base constitucional del esquema que "sitúa al juez en su genuina función de garantía, además de su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y atribuye la dirección de la investigación a una autoridad pública distinta, pero dotada de las garantías institucionales requeridas para la salvaguarda de las garantías de los derechos constitucionales, cuya actuación ha de estar sujeta al control jurisdiccional". Sin embargo, advierte, "el nuevo modelo de proceso penal en el que la institución del Ministerio Fiscal es la clave de bóveda de la fase de instrucción sólo puede ponerse en marcha si con carácter previo se aborda una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que enfatice y fortalezca la garantía institucional de la independencia del Ministerio Público".

Las acusaciones populares

El texto también reduce la posibilidad de actuación de las acusaciones populares que se reduce a delitos contra la ordenación del territorio, contra el mercado, la financiación ilegal de partidos, delitos de corrupción como el tráfico de influencias, cohecho o malversación, así como delitos de odio, terrorismo y la rebelión. A esto hay que sumar que el juez puede "controlar la legitimidad y regularidad de los acusadores populares, evitando los excesos o abusos en el ejercicio de la acción popular" Un campo de actuación que el Ejecutivo espera que pueda recortarse aún más durante la tramitación de la norma para evitar los casos que afectan a la mujer y al hermano del Presidente que se iniciaron con denuncias de acciones populares que contenían bulos.