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Condena millonaria a Rojadirecta por piratear partidos de LaLiga: deberá resarcir a Mediapro con 31'6 millones de euros

El fallo se remonta a los perjuicios ocasionados durante la temporada 2014-15

Operador de cámara enfocando un plano en un partido de LaLiga / NurPhoto

Operador de cámara enfocando un plano en un partido de LaLiga

El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes su sentencia al grupo Puerto Projetcs y a su principal administrador, Igor Seoane, en el plano de la investigación por piratear partidos de fútbol. La sanción carga directamente con todo el entramado de la conocida web de contenido deportivo ilegal Rojadirecta. Recogida en la legislación como una violación de los derechos de propiedad intelectual, conllevará una multa de 31'6 millones de euros, cifra calculada en función a los perjuicios y daños que se hubieron producido durante la temporada 2014-15 de LaLiga.

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El juzgado mercantil de A Coruña ha estudiado la cuantía tras las denuncias emitidas por LaLiga y Mediapro y la posterior detención de los principales responsables del pirateo masivo de partidos. Dichas actividades ilícitas y su posterior distribución, incluyen en su fallo, ha llevado a Igor Seoane y todo su entramado a obtener grandes beneficios económicos. Por ello, la indemnización a la que ha sido condenado ha alcanzado una cifra millonaria y similar a la que podría haber realizado Puerto Projects a Mediapro por adquirir los derechos audiovisuales.

El fallo supone un gran triunfo para la compañía Mediapro, metida de lleno en esta batalla legal desde hace casi una década. El grupo audiovisual, afincado en Barcelona, consiguió primero cerrar la página web en España, antes de asegurarse una contraprestación por esta infracción continuada de sus derechos de propiedad intelectual.

En cuanto al funcionamiento de Rojadirecta, prolongado durante años, consistía en dar difusión de manera gratuita a contenidos deportivos emitidos principalmente a través de televisiones privadas. Los altos beneficios para Puerto Projects, sin embargo, radicaban en el cobro de grandes cuantías en base a la publicidad incrustada en su web, desviando asiduamente a sus usuarios a otras páginas de casas de apuestas deportivas. Los informes judiciales de 2022 han podido constatar ingresos superiores a 11 millones de euros sólo por estas actividades y sólo en una cuenta bancaria perteneciente al grupo.

 
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