El novio de Ayuso pide intervenir las comunicaciones mantenidas en los últimos nueve meses del exsecretario de Estado de Comunicación y de otros cinco periodistas
El abogado de Alberto González Amador reclama al juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General por desmentir un bulo que oficie a las compañías telefónicas para que conserven todas las comunicaciones mantenidas por el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y los periodistas Miguel Ángel Campos y Pedro Águeda
Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / Rodrigo Jimenez (EFE)
Madrid
Alberto González Amador, acusación particular en la causa abierta al Fiscal General del Estado y a la Fiscal Jefe de Madrid, ha solicitado una batería de diligencias inéditas en el marco de esta causa inédita. Una investigación que se sigue en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos que los investigados habrían cometido por desmentir un bulo fabricado por el equipo de Miguel Ángel Rodríguez con la intención de desprestigiar al Ministerio Público y al Fiscal que investiga al novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El bulo consistió en filtrar al periódico El Mundo que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario para cerrar la investigación abierta por delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. Todo había ocurrido al revés. González Amador envió un correo electrónico al mail genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos en el que asumía los hechos y aceptaba el pago de la multa a cambio de una pena que no supusiera el ingreso en prisión. La información veraz y contrastada fue difundida por la Cadena SER la noche del 13 de marzo. Apenas unas horas después de que otros medios de comunicación publicarán la información parcial e interesada difundida desde la Puerta del Sol.
El novio de Ayuso entiende que la información de su confesión ha vulnerado su intimidad y su derecho de defensa. Por eso presentó querella por una supuesta filtración que se investiga en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado del Fiscal General del Estado. Una causa inédita en la que se investiga a quienes persiguen los delitos y acusan quienes son presuntos culpables del delito. Una causa inédita que ha llevado a un juez del Tribunal Supremo a registrar el despacho del Fiscal General del Estado y a requisar sus dispositivos electrónicos para conocer sus comunicaciones. Los investigados se enfrentan a una pena máxima de cuatro años de cárcel.
Y ahora, Alberto González Amador quiere ir más lejos y pide al juez, Ángel Hurtado, que oficie a las compañías telefónicas para que conserven todas las comunicaciones que hayan tenido desde sus teléfonos móviles en los últimos nueve meses con seis periodistas que están protegidos por el secreto profesional. Entre ellos, el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín, el periodista que adelantó la querella por fraude fiscal contra Alberto González Amador, Pedro Águeda, y el periodista que desmintió el bulo que fabricó el equipo de Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Ángel Campos.
Además, quiere que la Guardia Civil amplíe el análisis de las comunicaciones mantenidas por los dos investigados con estas personas en el mismo periodo de tiempo: los últimos nueve meses. Ambas petición se realizan conforme al artículo 3 de la ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones que incluye la geolocalización de las comunicaciones.
