Convivir nunca fue fácil

Madrid

Hace algunas semanas la prensa belga se hizo eco de que al interventor de un tren de su red nacional un viajero le había puesto una denuncia por saludar a los pasajeros diciendo buenos días en neerlandés y en francés: "¡Goeiemorgen-Bonjour!". No se trata de que los buenos modales estén perseguidos por la SNCB -la Renfe belga-, sino de que el tren se encontraba en ese momento cerca de la pequeña ciudad industrial de Vilvoorde, es decir, en territorio flamenco. La ley vigente sobre el uso de las lenguas en el sector público solo permite hacer anuncios al público dentro del territorio de Flandes en neerlandés.

Bélgica es un país pequeño, pero que tiene tres lenguas oficiales. La gestión lingüística no es sencilla a bordo de los trenes belgas. Solo se debe emplear el neerlandés y el francés en los trenes cuando están en la región de Bruselas, salvo que el tren tenga como destino el aeropuerto de Zaventem, el principal del país, en cuyo caso, y en atención a turistas y viajeros extranjeros, las comunicaciones hay que hacerlas en neerlandés, francés, alemán e inglés. El problema es que, por más minuciosas que quieran ser las leyes, es imposible que lleguen a prever todas las situaciones. Como señaló en las redes sociales Ilyass Alba, el interventor denunciado, la ley no prohíbe saludar informalmente a los pasajeros en cualquier idioma que puedan entender.

Los belgas se suelen tomar con humor la prolijidad de normas que rigen la convivencia en el país, un estado federal que se ha ido haciendo cada vez más complejo con cada una de las seis reformas constitucionales realizadas en el último medio siglo, y que han ido desarrollando los derechos de las regiones del país (Valonia, Flandes y Bruselas) y de las tres comunidades culturales y lingüísticas, en una intersección de competencias y de planos de actuación realmente sofisticada.

Gobernar Bélgica no es fácil, tanto por el enrevesado entramado institucional como por la gran diversidad política y territorial. Pero los belgas no desesperan, se toman el tiempo necesario porque saben que al final se llega siempre a un acuerdo, dado que es evidente que el escenario de que no lo haya es mucho peor para todos.

Esa complejidad, a cuyo lado el sistema autonómico español es una cartilla infantil, no le impide ser uno de los países más prósperos de Europa y un lugar con una alta calidad de vida (y no solo por su cerveza). De su pragmatismo negociador podrían obtener interesantes lecciones quienes persisten en el sueño ridículo de un mundo en el que sean laminadas las diferencias étnicas, religiosas, culturales, políticas o territoriales. La civilidad democrática se basa justamente en lo contrario: en proteger el derecho a la diferencia al tiempo que se alienta el diálogo y la negociación como instrumento para hacer posibles las políticas que favorezcan el interés general.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Hoy, por desgracia, el mundo parece inclinarse a favor de quienes prefieren librarse del poco heroico esfuerzo de dialogar y transigir como misión de cada día, para sustituirlo por un poco disimulado autoritarismo en el que cuatro discutibles mitos históricos y unos cuantos tuits de adolescente desacomplejado creen servir para arreglarlo todo.

Sin embargo, por mucho entusiasmo que pongan en sus ocurrencias, la realidad es tozuda. La convivencia democrática es cada vez más compleja y no admite otra forma de abordarla que sentarse a la mesa y hablar, asegurando los derechos de todos. Y eso, aunque a veces resulte aburrido, se traduce casi siempre en una infinidad de normas grandes y pequeñas para que podamos vivir unos junto a otros de forma razonable y pacífica. Y no parece que la inteligencia artificial pueda -ni deba- arreglar esa burocracia en continua expansión que es el precio a pagar para mantener vivas nuestras fatigadas democracias.