La UCO confirma que el fiscal general cambió de móvil una semana después de que el Supremo le encausara
El Supremo abrió causa a Álvaro García Ortiz el 15 de octubre y el fiscal cambió de móvil el 23 del mismo mes. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado a la SER que García Ortiz se verá obligado a cambiar de números de teléfono al haberse hecho públicos en el informe de la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara por la presunta revelación de secretos en el caso del delito fiscal presuntamente cometido por el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El magistrado que investiga la presunta filtración de datos de la pareja de Ayuso había pedido a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, información sobre las tarjetas telefónicas incautadas a García Ortiz en el registro de su despacho el pasado 30 de octubre después de comprobar que en su terminal no había ningún mensaje ("0 mensajes").
Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado a la SER que García Ortiz se verá obligado a cambiar de números de teléfono al haberse hecho públicos en el informe de la UCO.
"Se han identificado dos números"
El informe de la UCO analiza los números de teléfono e IMSI/IMEI (identificadores) asociados a las tarjetas del dispositivo telefónico incautado a García Ortiz durante el registro efectuado en su despacho el pasado 30 de octubre. La UCO indica que "el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas". Los investigadores detallan que, "en lo que respecta a los números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de dicha diligencia, y la titularidad asociada a los mismos, se han identificado dos números".
Se trata de un número a nombre del propio García Ortiz, que es donde recibió los mensajes de WhatsApp de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la otra imputada. Y otro a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, la UCO precisa que ha detectado dos "IMSIs (identificador único de cada abonado) de las tarjetas que se encontraban en el dispositivo móvil localizado durante la diligencia de entrada y registro", uno vinculado al primer número de teléfono y otro al segundo, y ambos activados en 2020.
Finalmente, señala que, "en relación con los números de IMEI (identificador único de cada dispositivo telefónico) asociados al terminal móvil localizado", se han encontrado dos.
El origen del caso
Cabe recordar que las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en 'El Mundo', donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.
Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo. Esa noche del 13 al 14 marzo la SER desmintió el bulo fabricado por el equipo de Miguel Ángel Rodríguez en la causa abierta contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.
A ello hay que añadir que la UCO, en el informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales.