El Fiscal General pide al Supremo medidas contra las filtraciones para evitar la pena del telediario

La Abogacía del Estado, en representación del Fiscal General y de la fiscal provincial de Madrid que están encausados en el Tribunal Supremo por haber desmentido un bulo, ha presentado un escrito en el que asegura que Álvaro García Ortiz es víctima de un juicio paralelo y pide al alto tribunal que ponga fin a las filtraciones del sumario.

Dice el escrito que la “vulneración del derecho a la intimidad se ha ido agravando por las sucesivas filtraciones a los medios de comunicación de los distintos informes de la UCO y de las sucesivas resoluciones judiciales” que aboca el caso a un “juicio paralelo en la medida en que se trata de trasladar a la opinión pública la convicción de la culpabilidad del investigado”. Una publicidad del sumario “parcial y sesgada en contra del principio de presunción de inocencia” que se traduce en “información hostil de los medios de comunicación que puede tener una influencia negativa en el presente procedimiento”.

El lamento de la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado lamenta que “se está trasladando a la opinión pública la convicción de la existencia de una actuación ilegal, cuando estamos ante el desarrollo de las funciones legítimas del Ministerio Fiscal de informar objetivamente a la opinión pública ante unas inexactitudes y juicios paralelos que ponían en cuestión la defensa de la legalidad. Y en esa instrucción se imputan unas intenciones de perjudicar a un particular o a un determinado político, cuando la nota de prensa legítimamente publicada constituye una respuesta a una información previamente difundida que era errónea y que cuestionaba la legalidad de la actuación de los representantes del Ministerio Fiscal y aún del propio proceso penal seguido frente a Alberto Gonzalez Amador”.

Recuerda también la defensa de los encausados que ha presentado recursos que aún se encuentran en fase de traslado a las partes un mes después de admitidos “difiriendo de esta manera la resolución del recurso en el que se invoca la vulneración de derechos fundamentales”. Como es el caso del auto que acordó la entrada y registro en el despacho del Fiscal General a quien se le incautaron los móviles y demás dispositivos electrónicos. En este sentido reclama la agrupación de todas las acusaciones populares en una sola para no ralentizar la investigación.