El PSOE impulsa una reforma legal para poner coto a las acciones judiciales abusivas

Madrid

El PSOE ha registrado este viernes una reforma legal para poner coto a las acciones judiciales abusivas. La Cadena SER ha tenido acceso a parte del contenido de esa norma que contiene cuatro aspectos fundamentales:

En primer lugar, quiere acotar el papel de las acusaciones populares "para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial" y para ello propone que:

• La participación de la acusación popular queda adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Se acaba así con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. No obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión.
• Se exige que, para personarse como acusación popular, exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. El juez deberá comprobar si este vínculo existe y denegará la personación si no es así.
• Se prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.

En segundo lugar, la reforma plantea que se aparte a jueces que hagan manifestaciones en favor de partidos políticos: "Todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común: la judicialización de la política. Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la Justicia", señala el texto.

La Proposición de Ley de protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas plantea también eliminar el delito de ofensas religiosas. "Se suprime el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos, un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal".

La reforma incluirá además la doctrina del Supremo para que no se puedan abrir procesos penales con querellas basadas en recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades.

El PP critica que el Gobierno quiera "controlar la justicia", Marlaska dice que es todo lo contrario

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que "estamos viviendo una absoluta degradación institucional y el intento de control por parte de Pedro Sánchez de la justicia española". Recuerda que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno "dijo que lucharía contra corrupción" pero critica que "lo único que ha hecho ha sido, primero, cometerla. Segundo, indultarla o amnistiarla, y más tarde, aplaudirla, lo pudimos ver todos los españoles en el congreso federal del PSOE, y, por último, lo que buscan ahora es amordazar a jueces para que no puedan investigarla", ha sentenciado.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a hablar de dictadura en sus redes sociales: "Buscando impunidad de los políticos frente a la justicia y amedrentar a los jueces". Considera que es "muy grave" esta proposición de ley que, señala, "no hacen por Proyecto de Ley para eludir los informes del CGPJ y del Consejo de Estado".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, niega por completo esas acusaciones e indica que lo que busca es precisamente lo contrario: "Garantizar la independencia judicial y la no instrumentalización de los procedimientos judiciales con fines torticeros que van dirigidos a poner en cuestión los valores democráticos".