Denuncian al líder de JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, por apropiación indebida, fraude y administración desleal

Las sombras sobre un presunto nuevo desfalco en las cuentas de uno de los nuevos sindicatos de las Fuerzas de Seguridad del Estado afloran de nuevo. Primero ocurrió con JUPOL, señalado por gastos irregulares de la antigua dirección que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 53 de Madrid - la denuncia contra la actual dirección fue archivada, solo se mantiene la investigación contra su exsecretario general-. Y ahora, su ‘hermana’ JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil salpicada por un presunto uso fraudulento de sus cuentas.

Los denunciantes son varios exsecretarios provinciales, entre ellos, Agustín Leal, exsecretario de Comunicación, que ha asumido el liderazgo de esta ofensiva contra la actual dirección de JUCIL. En su demanda denuncian que el actual secretario general, Ernesto Vilariño ha cometido todo tipo de irregularidades, las más flagrantes, supuestamente, “haber utilizado dinero de la asociación para gastos personales, haber alterado registros contables y haber ocultado información sobre el estado financiero de JUCIL”, acciones que “han generado una profunda crisis interna en la entidad”, según manifiestan los denunciantes que acusan al líder de JUCIL de “apropiación indebida, fraude y administración desleal”.

La denuncia no recoge una cantidad exacta del dinero presuntamente desfalcado – por eso solicitan una auditoría-, pero sí incluye casos concretos de supuestas irregularidades en la gestión económica, entre ellas, “el uso de la tarjeta corporativa de JUCIL para cubrir gastos personales”, incluyendo “alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación”. La denuncia también menciona la “manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo”; la “duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización” y la “omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización”.

‘JUCIL Nueva’, como se hacen llamar este grupo, detalla que uno de los casos más significativos ocurrió con un viaje a Sevilla en octubre de 2022. El secretario general de JUCIL “habría cargado 515,47 euros a la asociación en concepto de alojamiento en el Hotel Don Paco y comidas en restaurantes”. El gasto fue registrado como “reuniones”, pero “no hay constancia de que se realizará ninguna reunión oficial en dicha ciudad”.

Ese tipo de gastos bajo sospecha “no eran errores, era un patrón de comportamiento”, según han detallado a la SER los demandantes.

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Joyas, comidas y dietas

La denuncia destaca también una compra en una joyería, un gasto de poco valor, 20 euros, que fue registrada en las cuentas bajo el concepto de "manutención", un dinero que Vilariño “acabó devolviendo” cuando se lo reprocharon sus compañeros. Algo similar ocurrió con un pago de 235,52 euros en un restaurante de Madrid “del que no existe registro contable oficial, a pesar de que los asistentes habrían abonado la comida en metálico directamente al secretario general”.

Los denunciantes han solicitado al Juzgado de Instrucción de León la realización de diligencias de investigación, entre ellas, la declaración del secretario general de JUCIL en calidad de denunciado, la entrega de los libros contables y facturas de 2022, 2023 y 2024 de la asociación para su análisis y la investigación sobre posibles cobros irregulares de dietas por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL, para lo que se solicita que se libre oficio a la Dirección General de la Guardia Civil.

Querella contra los demandantes

La Cadena SER ha preguntado a JUCIL por los hechos denunciados. El equipo de la actual dirección ha remitido un comunicado en el que señalan que el pasado 28 de febrero de 2025, JUCIL presentó una querella "contra varios secretarios y exsecretarios provinciales por la presunta comisión de los delitos de calumnias e injurias graves y revelación de secretos". Ese mismo día, el propio secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño Correa, "interpuso otra querella contra estas mismas personas, incluyendo además el presunto delito de coacciones".

JUCIL entiende que su líder está siendo víctima de "ataques infundados" y confía en que "la justicia esclarecerá los hechos y restaurará la honorabilidad de la asociación y de su Secretario General".

División en JUCIL

La guerra abierta en JUCIL viene de lejos. Esta denuncia se enmarca en “la grave crisis interna que atraviesa JUCIL desde diciembre de 2024”, cuando más de 20 secretarías provinciales exigieron la dimisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por su falta de transparencia y la reforma estatutaria que blinda a la dirección y dificulta su destitución.

Según han denunciado a través de un comunicado bajo la etiqueta #regeneremosjucil, recuerdan que JUCIL ha vivido desde entonces “un fuerte conflicto entre su cúpula y las bases, con la dimisión de miembros clave del equipo directivo, solicitudes de análisis de las cuentas y una creciente presión de los afiliados para recuperar los principios de transparencia y gestión responsable con los que nació JUCIL”.

"No podemos permitir que los fondos de una asociación que representa a los guardias civiles sean utilizados sin control ni justificación. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que los responsables asuman sus consecuencias”, han declarado los denunciantes.