La Fiscalía investiga si la Abogacía de Madrid simuló el despido de un alto cargo para pagarle 100.000 euros

La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la gestión del Colegio de la Abogacía Madrileña (ICAM) en la salida de su responsable de Servicios Jurídicos, Pedro Lescure, que se marchó de la institución con un despido improcedente que le habría supuesto una indemnización de más de 100.000 euros sin que consten razones para ello.

En un decreto adelantado por eldiario.es y al que tuvo acceso la Cadena SER, el fiscal pide al Colegio de la Abogacía toda la documentación sobre el contrato y el cese de Lescure, así como se dirige a los servicios de mediación y arbitraje de la Comunidad de Madrid para que remitan el expediente, si lo hubiera, de acuerdo de ese despido improcedente.

La denuncia se dirige directamente contra el decano del ICAM, el mayor colegio de abogados de España, Eugenio Ribón, por esa decisión que califica de posibles delitos de malversación de fondos o administración desleal. La Fiscalía entiende que es prematuro hacer una atribución de indicios a una persona concreta, pero abre investigación porque entiende que los hechos que narra ALA sí podrían constituir esos ilícitos.

"No obstante, lo anterior, es preciso aun acreditar previamente ciertos los hechos y afirmaciones contenidos en la denuncia", señala el decreto, porque se desconoce "la forma en la que se adoptaron las decisiones en el ICAM, sin que tampoco conste la intervención concreta las personas en las diferentes y sucesivas actuaciones que habrían desembocado en el supuesto pago fraudulento de la indemnización".

Lo que plantea la denuncia es que se trataría de un despido improcedente simulado para encubrir una baja voluntaria que permitió a Lescure reincorporarse a su plaza de abogado del Estado pocos meses antes de cumplir la edad de jubilación, tras 18 años en el ICAM.

Se basa, por un lado, en un "oscurantismo" de la institución, porque el acuerdo y las circunstancias del despido no constan en ninguna de las actas de las juntas de Gobierno del ICAM, no siendo lo habitual cuando se trata de un alto cargo. Por otro lado, en que la relación del letrado con el Colegio era buena incluso tras el cese, pues fue invitado a inaugurar unas jornadas por el 50 aniversario de la Ley de Colegios Profesionales.

Desde el Colegio de la Abogacía, califican la denuncia de "infundada" y avanzan que se defenderán. "Pretender transformar un acto de conciliación por despido, enmarcado en la absoluta normalidad en las relaciones laborales, en indicios penales, supone tergiversar la realidad jurídica de lo acontecido con claros fines espurios", señalan, para subrayar que "el despido ha sido una decisión empresarial motivada, el trabajador recurrió ante las instancias correspondientes y posteriormente se ha llegado a un acuerdo de conciliación".